Tres funcionarios de CCSS investigados por supuesta venta de incapacidades
La Fiscalía Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial allanaron las casas de los sospechosos, sus oficinas en el hospital de Puntarenas y la Dirección de Tecnologías de la Información.
Tres funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) figuran como sospechosos de vender incapacidades a servidores de distintas instituciones, reveló la mañana de este miércoles el Ministerio Público en un comunicado.
Se trata de un psiquiatra del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria de Puntarenas, de apellido Mora; un emergenciólogo de ese mismo centro médico, de apellido Solís; así como de un asistente administrativo que se encargaba de otorgar citas en tiempo récord a través del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de apellido Ibrahain.
A ellos se les achacan cargos de concusión, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, solo se pretende la detención de Mora, cuya situación jurídica deberá ser valorada con posterioridad.
Como parte del caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanan las casas (excepto la de Ibrahain) y oficinas de los imputados, en el hospital de Puntarenas, así como en la Dirección de Tecnologías de la Información de la institución administradora de los servicios públicos de salud.
También se intervino el consultorio privado de Mora en El Roble de Puntarenas, donde, en apariencia, la esposa de este emitía las referencias médicas privadas al Monseñor Sanabria, de acuerdo con la tesis de la Policía Judicial.
Pero también se registraron casos en los que la persona acudía al Servicio de Emergencias, y al requerir incapacidades mayores a los cinco días, se cree que Solís los remitía al psiquiatra para su supuesta valoración. Lo anterior ocurrida mediante referencias físicas sin fecha y sin que mediara el debido registro para la atención médica, según el Organismo de Investigación.
Asimismo, se tiene que —presuntamente— los pacientes
nunca eran atendidos en los consultorios de Emergencias, ni en
las salas de shock, que son los lugares de atención inicial antes
de que el especialista coloque nota de valoración.
Otra modalidad se identificó con quienes requerían la incapacidad y se presentaban directamente al Departamento de Psiquiatría, donde Ibrahain, supuestamente, se encargaba internamente de asignarlos a Mora, sin respetar las listas de espera del servicio.
Cabe indicar que, según arrojaron las investigaciones, se tuvo información de que, aparentemente, por una incapacidad de un mes emitida en apariencia por psiquiatra, se cobraban ¢150.000.
Pero si la incapacidad debía ser por más de tres meses, se aplicaba un "descuento", para un total de ¢400.000.
Entre quienes aparentemente pagaron por estas incapacidades se identificaron 18 personeros del Ministerio de Educación Pública (MEP), 1 del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), 1 del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), 1 del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como 1 de la Corte Suprema de Justicia; detalló la Policía Judicial en un comunicado.
Además, la Fiscalía investiga otras tres incapacidades sospechosas de las que no se dieron mayores detalles.
No obstante, se tiene que entre los 25 casos investigados existen casos de personas que cambiaron su dirección física en el Expediente Digital Único en Salud para ser atendidos por Mora.
