Por Álvaro Sánchez |30 de septiembre de 2024, 15:50 PM

Funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) relataron al Ministerio Público supuestas presiones en el proceso que derivó en la compra de servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación.

Los testimonios están recogidos en la prueba presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, al solicitar 28 allanamientos para la recolección de evidencias de relevancia para la investigación (vea video adjunto de Telenoticias).

"Según fue referido por los testigos Víctor Calvo y Pedro Murillo, como parte del equipo intergerencial que elaboró el cartel, en acatamiento a los acuerdos tomados, remitieron el borrador tal cual fue solicitado. Además, recibieron un documento sin firmar por parte de la Junta Directiva, en el cual se plasmaban las modificaciones que se pretendían realizar al cartel y, posteriormente, la encartada Marta Esquivel (presidenta ejecutiva de la institución) hizo devolución del borrador con observaciones a mano.

"En igual sentido, el señor Esteban Vega refirió sobre este aspecto que las observaciones se refirieron por parte de Roberto Quirós y Marta Esquivel", puntualiza la orden de allanamiento revelada por Teletica.com.

¿En qué consistieron las observaciones?

A partir de un correo electrónico enviado por la rectora de la Red de Servicios de Salud, Karla Solano, al ahora gerente médico interino, Alexánder Cabo, el Ministerio Público extrae:

"En lo que respecta al procedimiento actual, con solo dos semanas de tiempo para presentar el pliego de peticiones, se utilizó el pliego anterior como base, con los cambios solicitados de manera informal por la Junta Directiva, entre estos deja a la libre perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años, así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en caso de ser adjudicado con más de una partida.

"Tras analizar lo anterior, es posible contar con una premisa que permite evidencia el control ejercido por la Junta Directiva instruido por los imputados Marta Esquivel, Isabel Camareno y Roberto Quirós, para la elaboración del cartel, de modo, que influyeron sobre los funcionarios encargados de su elaboración con la intención de confeccionar un cartel a la medida de que benefició a los oferentes, apartándose completamente del interés institucional y su deber de probidad, mediante estas acciones tendientes a un resultado lesivo al interés público".

La Fiscalía señaló como aspecto llamativo que las reuniones extraoficiales supuestamente se maquillaron como “talleres de trabajo”, en los cuales se ejercía un control sobre el proceso de licitación.

Sobre este tema, una testigo refirió mensajes de WhatsApp de Quirós, en los que presuntamente se ejercieron presiones para que el cartel fuera publicado un sábado. Dice la testigo:

"El viernes 16 de junio se recibe vía WhatsApp a mi teléfono personal, por parte del gerente interino recién nombrado, mensaje de texto reenviado, el cual me indica fue una consulta de don Roberto Quirós, consultando la posibilidad de que la documentación de la nueva compra se suba el día de mañana, fecha que correspondía al sábado 17 de junio del 2023, reiteración que fue realizada también el día sábado 17 por la misma vía".

Cinco días atrás, ese exdirectivo señaló a Telenoticias que no puede emitir comentarios por el fondo del asunto, por recomendación de su abogado y en respeto al proceso penal que se le sigue.

En el escándalo de presunta corrupción se investiga a Esquivel, Quirós y Camareno, así como a otras cinco personas por los presuntos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.

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