Sindicato pide procedimiento contra directivos de CCSS por adjudicar clínicas a cooperativas

La Unión de Trabajadores de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) pidió este martes al Consejo de Gobierno la apertura de un procedimiento administrativo contra los tres representantes del Estado en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esto con motivo de la decisión de adjudicar de 138 equipos de atención básicos en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco por los próximos 10 años.

Desde el punto de vista del secretario general de la organización de trabajadores, Luis Chavarría, y su asesora legal, Lupita Chaves, esa contratación se hizo de manera irregular.

La solicitud se hizo contra la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, así como los directores María Isabel Camareno y Jorge Porras, en relación con la adjudicación tramitaba bajo el expediente 2023LY-000002-0001101142.

"Queremos demandar una investigación seria y responsable por este despilfarro que para nosotros es una acción que en la Caja nunca se ha dado de estas dimensiones", indicó el secretario general de la Unión de Trabajadores, Luis Chavarría.

"Le toca al presidente de la República (Rodrigo Chaves) tomar esta decisión. Él en su campaña dijo que iba a combatir la corrupción, y para nosotros, detrás de esto lo que hay es un gigantesco chorizo", agregó.

Uno de los mayores cuestionamientos sobre esta determinación es que la misma se tomó a pesar de que varios informes técnicos de la institución administradora de los hospitales públicos del país advirtieron de sobreprecios a pagar en este contrato.

La abogada del sindicato, Lupita Chaves, precisó que entre esos criterios están los emitidos por la Comisión de Adquisiciones y su Asesoría Legal, así como el estudio de costos elaborado por la Gerencia Financiera.

"Para hacer este contrato se llegó a utilizar la misma modalidad de desechar estudios que había realizado la misma Caja Costarricense de Seguro Social para hacer otros paralelos que demandó la Presidencia Ejecutiva de la Caja.

"Ustedes saben lo que pasó con el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es igual. Hicieron de lado los estudios que hizo la Caja para proceder hacer un estudio a la medida de lo que quiere la presidenta ejecutiva y el presidente de la República", recalcó Chavarría.

En su lugar, se adoptó la recomendación realizada por la exgerente de Infraestructura y actual directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, tras una solicitud hecha por Esquivel.

Los presuntos sobreprecios señalados incluyen salarios a perfiles profesionales por hasta ¢5,6 millones, que superan en un 100% las remuneraciones de servidores de la entidad.

También contemplan aparentes diferencias en costos por alquileres, materiales y suministros, así como rubros de gastos indirectos por ¢4.236 millones a pagar a las cooperativas por conceptos como preaviso, licencias (defunción de familiar, paternidad, matrimonio, lactancia, atención de actividades comunitarias), organización de asambleas, transporte, peajes, parqueos, horas extraordinarias y compensación de almuerzos, entre otros indicados en denuncia.

"Es decir, es mucho más barato que la Caja haga estos servicios que se los vengan a entregar a estas cooperativas privadas, recalcamos, porque aquí está el fin de lucro de cuatro cooperativas. ¿A costa de qué? De toda la plata que pagamos todos los costarricenses", subrayó el secretario general.

Por su parte, la asesora legal del sindicato recordó: "Desde 1988, la Caja, por la complejidad de ciertos servicios que presta, ha suscrito convenios para que terceros desarrollen servicios. Pero el que fue adjudicado es con precios irregulares; tan irregulares que superan el 65% del costo de los servicios brindados por terceros en 2023".

Acotó que la representante de la Unión de Trabajadores ante la Junta Directiva, Martha Rodríguez, presentó un recurso de revisión y una solicitud de revocatoria, las cuales fueron rechazadas para mantener los que calificó de un "acto ilegítimo", en referencia a la determinación acordada en la sesión 9.464 del 6 de julio anterior.

La misma fue votada de manera unánime por los representantes del Estado y del sector patronal, en una sesión celebrada bajo la figura de funcionario de hecho.

Esta decisión también fue denunciada por la propia Auditoría Interna de la Caja ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Sobre este particular, Teletica.com tiene en trámite una solicitud de posición ante la oficina de prensa de la institución administradora de los centros médicos públicos.