Seis detenidos por presuntas irregularidades en adjudicación de Ebáis
Entre las personas capturadas resaltan funcionarios y exservidores de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Seis personas fueron detenidas, la mañana de este lunes, por el caso de presuntos sobreprecios en la adjudicación que hizo la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Estos corresponden a funcionarios y exservidores de la institución administradora de los centros públicos de salud. Sin embargo, no fueron detallados sus puestos.
Únicamente se indicó que los mismos son de apellidos Quirós (69 años), Araya (42), Gómez (67), Porras (57), Gutiérrez (mujer, 59) y Rojas (mujer, 70).
Valga resaltar que en total se llevan a cabo 28 allanamientos en diferentes puntos, incluida la sede central de la entidad que vela por la seguridad social, en San José.
También se intervino un apartamento en el piso ocho del condominio Urbn Escalante, en la capital, en el que reside la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
Fuentes judiciales indicaron a Telenoticias que, pese al operativo, no fue posible ubicar a la jerarca en ese punto.
No obstante, el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, adelantó que Esquivel es una de las imputadas en el caso, al tiempo que añadió que será presentada al Ministerio Público con un informe policial.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) persigue los supuestos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Al caso se le asignó el expediente 24-000267-1218-PE, el cual se abrió a partir de una denuncia planteada por la Auditoría Interna de la Caja de Seguro Social, que advierte de precios ofertados excesivos, que previamente habían sido alertados por la Junta de Adquisiciones y la Gerencia Financiera.
La institución en su momento defendió que para realizar la adjudicación se consideraron los descuentos ofrecidos por los proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones.