30 de noviembre de 2017, 12:19 PM

El Ministerio de Seguridad Pública no puede brindar ayuda jurídica a los policías que enfrenten procesos judiciales.

Rafael Jiménez es un oficial de la Fuerza Pública con 16 años de experiencia y un expediente policial limpio.

Sin embargo, desde el 2008 su vida cambió. Una persecución policial en Escazú terminó con un tiroteo y un sospechoso herido de bala.

El oficial fue atropellado por el sospechoso y al tratar de detenerlo sus compañeros dispararon a las llantas del vehículo.

Una de las balas dio en el cuerpo del joven quién demandó a los policías por abuso de autoridad e intento de homicidio.

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Don Rafael relató entre lágrimas que nunca recibió apoyo por parte del Ministerio de Seguridad, a pesar de que cumplía con su deber.

Según la seccional de la ANEP, estas situaciones envuelven a otros oficiales de la Fuerza Pública que deben enfrentar situaciones legales por sus acciones como policías.

La situación es muy similar a la que se dio en Acosta el pasado 9 de noviembre, donde los oficiales dispararon contra unos sospechosos.

El Ministerio de Seguridad confirmó que no puede dar apoyo legal a los policías en situaciones similares.

Esto porque no existe una norma que los ampare.

Según el Ministerio de Seguridad, es muy común que los oficiales enfrenten procesos judiciales, sin embargo, deben hacerlo a título personal.