Sala IV ordena al MEP dar transporte especial a estudiante con discapacidad
A la menor, de 12 años, se le negó el servicio alegando que no existía un vehículo adaptado para transportar sillas de ruedas.
La Sala Constitucional le dio cinco días al director del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena de Coto Brus para que garantice el transporte a una estudiante con discapacidad.
En la resolución, los magistrados fallaron a favor de una menor de 12 años que sufre de espina bífida mielo meningocele, un padecimiento paliativo crónico que provoca una discapacidad múltiple.
Según el expediente, la madre de la estudiante de sétimo año alegó que solicitó a la institución educativa, desde febrero anterior, darle transporte adaptado a su hija, pero este le fue negado aduciendo que no existían vehículos que pudieran transportar una silla de ruedas y que estos deben ser calificados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En la resolución se lee que, mientras tanto, el colegio les dijo a los padres de la pequeña que se podía buscar alguna beca de transporte; pero que, mientras tanto, serían ellos los encargados de pagar un transporte privado adaptado que costaría más de ₡10 mil diarios.
“(La madre) Argumenta que no son padres adinerados y los gastos de su hija son elevados, explica que utiliza equipo especial que hay que comprarlo, consistente en 220 sondas de catéter urinario por mes, con un costo alrededor de 900 colones cada sonda. Añade que también consume 15 paquetes de pañales talla grande y cada paquete cuesta 7.000 colones.
“Por otra parte, señala que su dieta es especial y costosa, sus medicamentos son caros y asiste a más de diez citas en hospitales y debe gastar 150 mil colones en cada cita”, señala el expediente.
Por esta razón, los magistrados declararon con lugar el recurso de amparo presentado y ordenaron al director del liceo “coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, remita al Departamento de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación Pública la solicitud de nueva ruta para transporte por discapacidad a favor de la estudiante en los términos que le fue solicitado el 24 de febrero de 2023”.
Se le recordó, además, que de no cumplir con esa orden se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel o sesenta días multa.
Por este caso, además, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados a la estudiante y su familia.
