Procuraduría demanda $10 millones a imputados por caso “Cementazo”
La entidad demandó civilmente a las personas señaladas en la investigación, así como a cuatro sociedades involucradas.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, demandó $10 millones a los nueve imputados y cuatro sociedades anónimas involucradas en el caso “Cementazo”, que hoy es investigado por la Fiscalía General.
La PEP presentó el pasado viernes la querella y acción civil resarcitoria por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado, influencia contra la Hacienda Pública y legitimación de capitales, todos en contra del Estado.
“Se demandó civilmente a los imputados y a cuatro personas jurídicas, para que solidariamente sean condenados el resarcimiento del daño social ocasionado con dichos hechos ilícitos, y que asciende a una suma prudencial de diez millones de dólares ($10.000.000), así como al pago de intereses y las costas del proceso.
“El siguiente paso en el proceso consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, para determinar pericialmente el monto del daño social producto de los hechos delictivos señalados, lo cual se realizará en la Fiscalía General”, dijo la Procuraduría.
Ese daño social ya había sido estimado por la propia entidad en ₡138.950.467.697 (casi ₡139 mil millones) en setiembre anterior.
En la lista de imputados figuran el empresario Juan Carlos Bolaños y su esposa de apellidos Suárez Aguiar, así como personas de apellidos Gómez Barrantes, Bogantes Brenes, Rojas Segura, Delgado Negrini, Arias Silesky, Thompson Camacho y Cortés Zúñiga.
De igual forma, se demandó civilmente a las empresas Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S. A., JCB Constructora y Alquiler S. A., JCB Distribuidora S. A. y Sinocem Costa Rica S. A.
Este proceso es de carácter ordinario, por lo que luego de que la Fiscalía ponga en conocimiento de los imputados las querellas formuladas y de traslado de las acciones civiles resarcitorias a los demandados civiles, el expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda.
Ahí se analizará la posibilidad de aplicar salidas alternas al proceso, un procedimiento especial abreviado o realizar el examen de la acusación, querellas y acciones civiles para determinar si el caso se eleva o no a juicio.
