Presidente y ministros piden renuncia del fiscal que los investiga
Con saco y pines de jaguar en la solapa, miembros del Poder Ejecutivo se unieron a Rodrigo Chaves y sus seguidores a exigir la salida de Carlo Díaz.
El presidente Rodrigo Chaves, así como varios miembros de su gabinete, participaron la mañana de este martes en una protesta que exigió la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.
La aparición del mandatario se dio frente a la sede del Ministerio Público, poco antes de las 12:00 p. m., pese a que la oficina de prensa de Casa Presidencial había informado que en su agenda tenía un encuentro a la misma hora con una delegación congresional de Estados Unidos.
"Nuestras instituciones están heridas de gravedad. Las han capturado las ratas como Carlo Díaz, sus proxenetas del Poder Judicial, y sus cómplices de la Asamblea Legislativa", dijo el gobernante al subir a una tarima móvil situada frente al edificio del órgano acusador del Estado, desatando los vítores de una multitud que se instaló en la calle 25.
"El fiscal que sufrimos es la manifestación visible de un sistema enfermo", agregó. Las palabras de Chaves estuvieron antecedidas por la entonación de la Patriótica Costarricense y la animación de creadores de contenidos con camisas de "Staff Jaguar".
La crítica del presidente gira alrededor de la relación sentimental de Díaz con una subalterna, así como los viajes y nombramientos de los que esta ha disfrutado, además de su supuesta participación en una sociedad anónima de un sospechoso de narcotráfico y, más recientemente, su intervención en una investigación por el asesinato de un exjuez.
Sobre las palabras del presidente, el fiscal general recordó que la institución que dirige es esencial en un Estado de derecho y en la defensa de la democracia, que se rige "a través de actuaciones objetivas y estrictamente apegadas a la ley", sin que las críticas o presiones externas influyan en su labor.
La manada
Junto a Rodrigo Chaves desfilaron desde la Corte Suprema de Justicia hasta el Ministerio Público los ministros Marta Esquivel (Planificación Nacional y Política Económica), Nogui Acosta (Hacienda), Gerald Campos (Justicia y Paz), Paula Bogantes (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones), Jorge Rodríguez (Cultura y Juventud) y Leonardo Sánchez (Educación Pública), entre otros.
La comitiva la engrosaron los presidentes ejecutivos Marco Acuña (Instituto Costarricense de Electricidad - ICE), Juan Manuel Quesada (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA) y Kennly Garza (Patronato Nacional de la Infancia - PANI).
El llamado del presidente lo atendieron también Laura Fernández, Mauricio Batalla, Anna Katharinna Müller, Francisco Gamboa, Oswaldo Artavia y Royner Mora, quienes —excepto el último— renunciaron el 30 de enero pasado, el límite legal que tenían los jerarcas para dimitir si es que deseaban aspirar a la Presidencia de la República.
No faltaron a la cita los diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Paola Nájera, Manuel Morales, Waldo Agüero y Alexander Barrantes.
En tarima de igual manera estuvo la asesora presidencial y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS), Mayuli Ortega, el fiscal adjunto de Cibercrimen, Esteban Aguilar, así como Gabriel, el hermano de este último y jefe de despacho del mandatario.
Sujetos de investigación
De hecho, varias de las personas nombradas, incluido el presidente Rodrigo Chaves, figuran en varios de los expedientes que se acumulan en el despacho de Carlo Díaz.
Valga recordar que, por mandato legal, las investigaciones contra los miembros de los Supremos Poderes —como el mandatario y sus ministros— recaen sobre el fiscal general.
A Díaz le han correspondido, entonces, casos como las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Chaves, por mencionar un ejemplo.
También mantiene en trámite una causa contra Franz Tattenbach por el otorgamiento presuntamente anómalo de permisos de tala de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, al igual que lo hace en otra contra Marta Esquivel por aparente tráfico de influencias en la compra de servicios médicos cuando era presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Incluso, Díaz acusó y pidió despojar de su inmunidad a Gerald Campos en un caso que se le sigue por posible peculado y falsedad ideológica cuando era subdirector general del Organismo de Investigación Judicial.
De ahí que la cabeza del Ministerio Público ahora apunta que la lucha contra la delincuencia y la corrupción "ha generado diversas críticas y ataques" por parte de involucrados en esos mismos procesos penales.
"A través de los medios de comunicación, hemos observado que la convocatoria a esa manifestación ha sido promovida por el Poder Ejecutivo, en una clara transgresión al principio de separación de poderes y la institucionalidad, y con un aparente propósito de obstaculizar o frenar algunos procesos penales.
"Frente a esta situación, reiteramos a la ciudadanía nuestro firme compromiso: el Ministerio Público continuará su labor, reforzando las investigaciones y protegiendo los derechos de todas las personas involucradas en los procesos, sin que nos tiemble la mano para aplicar la ley, sin importar quién sea el implicado", subrayó Díaz.
El fiscal general dijo respetar el derecho de la población a manifestarse, al tiempo que criticó la falta de "acciones contundentes" de parte del Poder Ejecutivo para hacer frente a la violencia que se vive en el país.
La cabeza del Ministerio Público abogó porque el Gobierno invierta en prevención a través de la Fuerza Pública, así como mediante la aprobación de proyectos de ley.
