Presidencia dice que “de ser necesario” tomará medidas contra oficial de la DIS por aparentes vínculos narco
Según las autoridades, la funcionaria, de 41 años, habría sostenido reuniones con líderes de una organización criminal en un hotel ubicado en Desamparados, San José.
La Presidencia de la República anunció que tomará todas las medidas administrativas necesarias contra una oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) detenida este lunes por su presunta relación con grupos narcotraficantes.
La funcionaria, de apellido Vargas y de 41 años, fue aprehendida por agentes de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las cercanías de su residencia en La Trinidad de Moravia, este lunes.
Según las autoridades, Vargas habría sostenido reuniones con líderes de una organización criminal en un hotel ubicado en Desamparados, San José.
Rándall Zúñiga, director del OIJ, señaló que la investigación se centra en el presunto delito de procuración de impunidad, al sospecharse que la oficial proporcionaba información privilegiada a los grupos delictivos.
Ante estos hechos, la DIS emitió un comunicado reiterando su compromiso con la integridad institucional y la salvaguarda de la información estratégica. Indicó que, si corresponde, se aplicarán los procedimientos disciplinarios contemplados en su reglamento interno, apegándose al debido proceso y a las normativas legales vigentes.
Asimismo, la institución manifestó su disposición de colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
“La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional no puede referirse al caso específico porque se encuentra en etapa de investigación judicial. Sin embargo, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, indicó la entidad en un comunicado oficial.
La funcionaria estaba trabajando en la oficina de la DIS del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en Pavas y labora como investigadora para la Unidad Antinarcóticos.
Actualmente, la oficial permanece bajo las órdenes del Ministerio Público, quien decidirá su situación jurídica.
