Más de 20 proyectos de infraestructura están la espera de 898 expropiaciones
Experto afirma que comenzar las obras sin tener el derecho de vía adquirido es la causa principal del problema.
Así queda claro en los datos suministrados por el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Se trata de proyectos en la Ruta 32, Ruta 17, San José - San Ramón, Tranversal 24, Carretera a Monteverde, Taras – La Lima, Ampliación del puente sobre el río Pirro, Sifón-La Abundancia, Puente sobre el río Virilla, Aeródromo de Quepos, Cóbano-Montezuma, Ruta 700 Ron Ron -Sucre, Ciudad Gobierno, río Balsa, Coopessa, Ampliación de Puente sobre Quebrada Honda, Terminal Hernán Garrón Salazar, Sámara-Nosara, Circunvalación Norte, Guacimal, Punta Sur, Ruta 160, Ruta 1 tramo 1, Ruta 1 tramo 2 y Ruta 1 tramo 3.
Las expropiaciones pendientes están distribuidas en distintas etapas: 306 en el MOPT, 163 en la Procuraduría General de la República, 296 en el Juzgado Contencioso Administrativo y 133 en unidades ejecutoras.
En el 2017 se aprobó una reforma a la Ley de Expropiaciones, la cual, entre otros cambios, agilizó este proceso permitiendo al Estado expropiar por medio de una declaratoria de interés público y evitar que el proceso se detuviera por completo, aunque existiera una disputa legal entre el dueño del inmueble y el MOPT.
El jefe del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, Alex Zúñiga, afirmó que el proceso, desde la aprobación de dicha reforma, en efecto aceleró los procesos, pero siguen existiendo dos situaciones que los enlentecen:
El primero, según Zúñiga, tiene que ver con que hoy hay un volumen atípico de trámites de expropiación debido a la puesta en marcha de proyectos importantes como el desarrollo de la Ruta 1 entre Barranca y Liberia, la ampliación de la Ruta 32 y Circunvalación Norte, por citar algunos ejemplos.
El segundo es que la reforma a la Ley de Expropiaciones no resolvió temas de fondo relacionados con las complejidades de los inmuebles.
“Personas fallecidas que tienen algún derecho o fueron dueñas de inmueble, pero que la distribución de los rubros o la determinación de quien tiene mejor derecho sobre ese bien también es complejo para el mismo juzgado contencioso. Porque hay que nombrar a un representante que venga a representar los derechos de las personas que fallecieron. Entonces situaciones como esas muchas veces dilatan la gestión por una imposibilidad de todo el sistema de poder apersonar a quien tenga mejor derecho sobre los viernes”, explicó el jefe del departamento.
Otro hecho que atrasa el proceso tiene que ver con propietarios que no están en Costa Rica y que no tienen una representación legal en el país.
A lo anterior se suman los casos puntuales en los cuales los expropiados presentan apelaciones.
Según Zúñiga, a partir de que ingresa la solicitud formal al MOPT, se notifica al expropiado, se hace la declaratoria de interés público y se realiza un avalúo. A partir de ahí se puede hacer un proceso por la vía notarial, la cual tarda aproximadamente ocho meses en ejecutarse. La otra forma de hacerlo es por la vía judicial, a través de la cual se supera el año de espera.
El jefe del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles describe al proyecto de ampliación de la Ruta 32 como el “dolor de cabeza” cuando de procesos expropiatorios se trata.
Zúñiga afirma que este proyecto ha llegado a tener un número cercano a 700 procesos de expropiación.
Las distintas modificaciones para optimizar el diseño generaron, según el funcionario, retrasos en la obtención del derecho de vía, por lo que las expropiaciones han ido en función de las necesidades que han surgido durante todo el proceso.
“Por volumen y complejidad, muchas fincas sin inscribir, muchas fincas en donde el propietario no aparecía y personas fallecidas que eran dueñas de los inmuebles, ha hecho que la complejidad de este proyecto a la fecha es el que haya dado más dolores de cabeza”, aseveró Zúñiga.
Agregó que, si bien es cierto, se ha tratado de optimizar las gestiones, hay muchos trámites que no están bajo la competencia de la Administración o del mismo juzgado porque se depende más de las condiciones de las fincas y de los expropiados.
Un tema cultural
De acuerdo con el economista especialista en infraestructura, Federico Villalobos, además de la capacidad que tenga el Gobierno Central y el Poder Judicial para ejecutar los procesos, el problema más grave tiene que ver con un aspecto que considera cultural y que se ha practicado desde siempre a la hora de gestionar los proyectos país: el esperar hasta que el proyecto esté en marcha para pensar en adquirir terrenos o expropiar.
Para Villalobos, los procesos deberían formar parte de un proceso de adquisición de terrenos para la liberación de la vía, desde antes de que se comience a ejecutar.
“Hay ejemplos conocidos en este país como la carretera a Cartago, la cual desde el año 2000 se le hizo un estudio de factibilidad que recomendaba iniciar con la adquisición de todo el derecho de vía entre Hacienda Vieja y las Garantías Sociales. Pasaron más de 20 años y esto no ha avanzado nada”, comentó.
El experto indicó que se sigue viendo a la infraestructura en periodos de cuatro años o menos, en donde se pierde el interés por las administraciones de turno en desarrollar procesos que no se van a materializar en su gobierno.
“Sobre todo, cuando se entra en los últimos años de una administración, el foco es ¿qué se inaugura?, ¿qué se puede hacer? Pero los procesos de liberación del derecho de vía pasan a una segunda o tercera prioridad porque no va a ser un proyecto que se materialice en esa administración”, afirmó Villalobos.
También indicó que actualmente hay distintos proyectos expropiatorios que podrían iniciarse desde ahora y no esperar a conseguir el financiamiento y adjudicar el proyecto cuando no se tiene el derecho de vía liberado.
