“Ley Penal Juvenil ya se quedó corta para el joven delincuente profesional y sicario”

El 15 de setiembre anterior, en medio de las celebraciones de la Independencia de Costa Rica, el desfile en el corazón de Liberia se interrumpió luego de que un grupo de entre 70 y 80 menores de edad se enfrentaran en lo que las autoridades locales catalogaron como una “lucha campal”.

Según el alcalde del cantón guanacasteco, José Javier Calvo, se trata de jóvenes que ya están debidamente identificados y que en el pasado se han vinculado con disturbios, consumo de drogas, asaltos y agresiones, sin que las autoridades puedan hacer mayor cosa para controlarlos.

De hecho, ese día, la Fuerza Pública detuvo a 14 menores, quienes minutos después fueron liberados por orden de la Dirección Funcional del Ministerio Público.

¿Por qué?

“Para efectos de la aplicación de medidas cautelares, no solo la propia Ley de Justicia Penal Juvenil, sino incluso tratados internacionales firmados por Costa Rica, establecen que el internamiento y las medidas cautelares privativas de libertad tienen que ser aplicadas solo en los casos más graves.

“Aplicar esas medidas en casos como estos iría contra esta legislación tanto internacional como local”, explicó José Luis Campos, experto en Derecho Penal.

Efectivamente, esa ley, promulgada en 1996, establece en su artículo 59 que la detención provisional de menores tiene un carácter excepcional y deberá dictarse solo cuando no sea posible aplicar otra medida “menos gravosa”.

“La Ley Penal Juvenil fue diseñada para el tratamiento de los jóvenes delincuentes, pero con la filosofía de la reeducación, la resocialización y que los jóvenes no fueran futuros adultos delincuentes; sin embargo, es claro que esto ha cambiado en el tanto de que ahora adolescentes son reclutados por bandas narcocriminales, por ejemplo, para temas de sicariato.

“Sabiendo los adultos que esta es una ley blanda, donde un joven lo más que puede ir a una cárcel son 15 años y que con esa pena tan baja salen muy rápido de la cárcel, pues los reclutan y hoy la mayor cantidad de sicariatos los provocan los menores de edad”, cuestionó el también penalista, Rodrigo Araya.

¿Suficiente?

El abogado, desde hace mucho tiempo, insiste en que la Ley ya se quedó corta para atender las manifestaciones actuales de violencia y criminalidad que enfrenta el país.

“Ya aquí no hablamos del joven que comete un error y se le trata de ayudar, son grupos que de manera reiterada cometen actos de violencia y saben que esta ley, para ese tipo de delitos, va a provocar que queden en libertad y que sigan cometiendo delitos sin que exista una ley dura que asuma estos casos.

“Se necesita una reforma, porque la Ley Penal Juvenil ya se quedó corta para el joven delincuente profesional, para el sicario, para el que está metido en drogas y que ha hecho del delito su forma de vida. Ya no es un remedio, pero es un tema al que nadie ha querido meter mano”, criticó Araya.

Actualmente, la ley dispone penas máximas de 10 años de prisión para los menores de entre 12 y 15 años, y hasta 15 años de cárcel para aquellos de entre 15 y 17 años.

Pero Campos, por su parte, defiende la visión de que los cambios necesarios en la norma no deberían concentrarse en un aumento de penas.

“Definitivamente, hay que hablar de la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero no necesariamente para elevar las sanciones, me parece que no va por ahí el tema. Creo que debe someterse a análisis fundamentalmente si la ley, tanto en el procedimiento como en sus medidas cautelares, e incluso en el tipo de sanciones, de verdad está siendo eficaz para la prevención y sanción de los delitos.

“Por ejemplo, desde su promulgación, en la ley no existe como tal la figura del querellante en materia penal juvenil, entonces cuando por un menor de edad no podría constituirse como acusador particular, eso restringe muchísimo la participación de la víctima dentro del proceso”, aseveró.

Araya, en cambio, insiste en que hay medidas urgentes que se deberían tomar, como eliminar el límite de 15 años de prisión, las restricciones a la prisión preventiva e, incluso, abrir la discusión para juzgar a un joven como adulto según la gravedad del delito.

“Esto sé que trae muchas críticas, pero ya tenemos que empezar a pensar que muchos jóvenes que desde los 15 años andan en moto matando gente podrían ser sujetos de ser juzgados como adultos, esto urge y hay que pensarlo y hacerlo ya”, finalizó Araya.

“Hay muchísimo qué discutir, muchísimos temas, pero el principal debería ser la falta de certeza jurídica de que un menor que comete un delito será sancionado. En este momento, la Justicia Penal Juvenil castiga con penas menores y las medidas cautelares se aplican en última instancia, pues se juega con eso”, reconoció Campos.