El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José dispuso un año de prisión preventiva contra un juez de apellidos Venegas Marín, mientras se le investiga por el caso policialmente conocido como Madre Patria (vea video adjunto de Telenoticias).

Misma medida cautelar fue impuesta a los españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González, señalados como los supuestos líderes de una organización criminal que obtenía propiedades en desuso mediante presuntos fraudes registrales y después vendían a terceros.

Además, se mantuvo la privación de libertad de 17 personas que figuran en la causa 22-005018-0042-PE, de apellidos: Chávez Arias, García Núñez (mujer), Jiménez Arias (mujer), Rojas Rojas, Herrera González, González Pinto (mujer), Loaiza Bolandi, González Araya, Prendas Matarrita, Barrientos Campos, Arrieta Solano (mujer), Fernández Gustavino, Barrientos Campos, Herrera Vega (mujer), Pérez Barboza, Marín Ramírez y Rodríguez Hidalgo.

La instancia jurisdiccional también dictó una suspensión de sus cargos por seis meses contra cinco oficiales de la Policía de Tránsito de apellidos Alvarado Amador, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños; así como un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP).

A su vez, dispuso un año de arresto domiciliar con mecanismo electrónico, una inhabilitación del ejercicio notarial y prohibición para tener contacto con coimputados, ofendidos y testigos; contra dos abogados de apellidos Aguilar Zúñiga y González Jiménez.

La audiencia por este caso inició el 27 de junio —dos días después de los 47 allanamientos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)— y culminó el 5 de julio.

En ella se conoció una solicitud de medidas cautelares planteada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) contra 28 de los 35 encartados detenidos.

La resolución que así lo ordena, fue notificada a las partes la madrugada de este miércoles.

Valga recordar que, policialmente, 52 personas han sido vinculadas a la sumaria en cuestión, de las cuales 3 se mantienen en fuga, mientras que las restantes son investigadas sin necesidad de descontar algún tipo de disposición

En la megatrama de fraude registral, el Ministerio Público persigue los aparentes de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.

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