Jueces alertan de debilitamiento de tribunal de flagrancia tras reubicación de personal

Un grupo de jueces alertaron sobre un debilitamiento del Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José, tras una reubicación de una tercera parte de los fiscales y defensores que se encontraban destacados en esa jurisdicción.

Esos cambios fueron acordados por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia en la sesión 50-2024, del 13 de junio pasado, después de una valoración contemplada en un informe del Departamento de Planificación, que se basó en datos de 2023.

La idea de esa reubicación era mejorar el rendimiento en despachos con mayores cargas de trabajo; sin embargo, el estudio efectuado no contempló dos recientes modificaciones, como lo advirtieron nueve decisores de ese órgano jurisdiccional en un recurso de reconsideración al que Teletica.com, cuya veracidad fue confirmada por el firmante y coordinador del tribunal de flagrancia, Adrián Cascante.

Estas variaciones corresponden a la Ley para fortalecer los tribunales de flagrancia para garantizar el juzgamiento de las personas imputadas —vigente desde el 26 de abril anterior— y la circular del propio Consejo Superior, que dispone la remisión de causas con personas detenidas en flagrancia atendidas en el procedimiento ordinario a los tribunales de flagrancia. Esto hace suponer que el número de casos va a aumentar, además del tipo de caso.

"Cabe preguntarse entonces, ¿actúa bien el Poder Judicial debilitando los grupos de flagrancia, en momentos en que el Congreso está legislando en procura de una justicia pronta y cumplida, además de haber otorgado recursos para flagrancia desde el 2009?", se cuestionan los juzgadores en el recurso.

Hasta hace poco, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José se componía de tres secciones con cuatro jueces de categoría cuatro, así como tres fiscales auxiliares y tres defensores públicos. Esto permitía que en una jornada pudieran celebrarse dos audiencias simultáneas (con un fiscal y un defensor cada una), al tiempo que el despacho continuaba abierto para la recepción de casos nuevos.

Con el acuerdo del Consejo Superior, cada una de esas secciones perderá un fiscal y un defensor. Ahora, con esto, el órgano no podrá recibir nuevos expedientes, si a la misma hora se encuentran en desarrollo dos vistas simultáneas.

Ante esa situación, los jueces hicieron una serie de advertencias.

"El traslado de recursos tiene implicaciones en el funcionamiento del tribunal y del programa de flagrancias como un todo, lo cual deriva en una afectación para los usuarios. Entre menos fiscales, más lenta será la atención de las víctimas, testigos, imputados, etc., apartándonos de la esencia del procedimiento expedito.

"Lo anterior, tiene implicaciones en otros órganos del estado, por ejemplo, el encargado de realizar la labor preventiva del delito, la Fuerza Pública, quienes les corresponderá mantenerse más tiempo a la espera de ser atendidos para presentar al imputado y que se les reciba su informe de manera oral como lo dispone la ley. Esos recursos de policía se requieren en la calle, principalmente en momentos en los que el país enfrenta una ola de criminalidad sumamente alta", enfatiza la reconsideración.

También se menciona que, al haber menos defensores dedicados a esta tarde, tomará más tiempo el resolverse la situación jurídica de los imputados, pues será hasta que finalicen las audiencias y los juicios que puedan abocarse a la atención de usuario.

Sobre el recurso, este medio mantiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la Corte para conocer la posición del Consejo Superior.