INS denuncia ante el Fiscal General posibles estafas entre asegurados y un funcionario
De momento se vincula al menos a un empleado del INS y a varios asegurados, pero la investigación podría revelar más personas involucradas.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que inicie las investigaciones acerca de un delito de “estafa de seguros” en perjuicio de la institución.
Las pesquisas internas vinculan a un funcionario y a algunos asegurados. El Ministerio Público deberá recopilar y custodiar la documentación y las demás pruebas que servirán de evidencia en el proceso penal.
A partir del 2011, el INS expidió una serie de bonos o fianzas a favor de los denunciados para garantizar a diversos inversionistas el cumplimiento de contratos de crédito privado, de modo que este ente asegurador respondería solidariamente con el asegurado en caso de incumplimiento del contrato privado.
El inversionista (asegurado) realizaba el supuesto préstamo, con el fin de que el deudor o tomador de la fianza ejecutara proyectos inmobiliarios, según aseguró la oficina de prensa del INS.
Por la gran cantidad de reclamos, y debido a que en este tipo de fianzas el INS únicamente las emite a favor de la Administración Pública, la entidad inició una investigación interna que aún no concluye, pero arrojó graves inconsistencias tanto en los bonos que emitía el INS como en los contratos privados de crédito garantizados.
El INS ha solicitado la documentación a los acreedores que demuestren que son terceros de buena fe; sin embargo, en la mayoría de reclamos no se ha presentado la información solicitada.
En varios casos el inversionista o acreedor conformó un mismo grupo de interés económico con los denunciados, ya sea porque se trata de personas jurídicas cuyos accionistas o apoderados son los mismos deudores o porque los acreedores, personas físicas, tienen una relación de parentesco o comercial con los denunciados.
La Oficialía de Cumplimiento del INS, investiga el caso, pues en estos eventos delictivos, participaron empresas panameñas y de otras latitudes, así como personas físicas de las cuales se desconoce el origen de su capital.
La administración actual del INS pretende determinar si existen más responsables y definir cuáles reclamos se deben indemnizar y cuáles no. Para eso han reservado los recursos financieros necesarios para responder a demandas de terceros que demuestren ser de buena fe y que logren acreditar el origen de su capital.