Por Juan José Herrera |4 de julio de 2024, 11:00 AM

La junta directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) acordó el pasado martes derogar el transitorio que permitiría el rastreo satelital en embarcaciones de pesca deportiva y turística en el país.

La decisión fue confirmada a este medio por Jeannette Pérez, integrante de ese órgano.

El transitorio era parte del reglamento para el seguimiento, control y vigilancia de embarcaciones pesqueras de las flotas nacional y extranjera, que se discute desde hace varios años en Costa Rica.

Esa cláusula, aprobada en diciembre anterior, ponía como fecha límite el pasado 1° de julio para que todas las embarcaciones de este tipo contaran con equipos especializados con GPS y conexión satelital, conexión eléctrica independiente y una batería de respaldo, entre muchas otras.

La idea de las autoridades es que, mediante estos sistemas, se pueda tener una ubicación precisa y permanente de todas las embarcaciones que naveguen aguas costarricenses, no solo para temas de control, sino además de seguridad.

Sin embargo, su compra y mantenimiento corría a manos de sus propietarios.

Precisamente, la Asociación Club Amateur de Pesca Deportiva, que forma parte de la Comisión de Pesca Deportiva que participó de esa discusión ante la junta directiva de Incopesca, advirtió que ese elevado costo, el tamaño de los equipos y ese “monitoreo intrusivo” provocaría estragos en un sector que, aseguran, mueve $750 millones y del que viven 100 mil familias en Costa Rica.

“Estamos hablando de que un equipo de estos puede costar entre $2 mil y $4 mil según la marca y tiene el tamaño de un baño portátil de los que uno ve en eventos. Eso está bien para barcos de pesca industrial, no para botes de 20 metros de pesca deportiva”, cuestionó Franco Alvarenga, representante de la Asociación.

Pero el principal problema, según dijo Alvarenga, es que esos requisitos podrían alejar a cientos de embarcaciones extranjeras que vienen a Costa Rica en paseos de pesca y que terminarían viajando a otros destinos cercanos como Nicaragua o Panamá, donde no existen esos requisitos.

“El 80% u 85% de los sleeps (puestos de ‘parqueo’) de las marinas del país los ocupan embarcaciones extranjeras y esos son los que ponen a funcionar los hoteles, restaurantes, tiendas de pesca y otras actividades, todo gira alrededor de eso y ellos fueron los primeros que dijeron en decir que si los obligaban a eso se irían del país, porque andan buscando el pez vela y ese no es endémico de Costa Rica”, precisó.

Por todas esas razones, la propia Asociación presentó una acción de inconstitucionalidad en marzo anterior que aún está en fase de admisibilidad.

La Asociación insistió que, entre su defensa, el Incopesca aseguró que el monitoreo permitirá auxiliar a naves en problemas, vigilar la pesca en zonas protegidas y también combatir el narcotráfico.

“Son puntos gravísimos, falsos, imposibles de realizar e imposibles de revisar por parte de Incopesca. La más lapidaria es que digan que quieren combatir el narcotráfico poniendo a todos los pescadores deportivos a reportar nuestras posiciones, cuando los pescadores que han estado involucrados en temas de narcotráfico son los comerciales, los palangreros, que salen a 30, 40 o 50 millas.

“No hay datos estadísticos de botes de pesca deportiva que hayan sido capturados con droga, no hay datos de botes de pesca deportiva capturando grandes cantidades de peces en reservas”, finalizó Alvarenga.

Este medio intentó el miércoles conversar con el entonces ministro Heiner Méndez sobre esa decisión y los variados cuestionamientos a ese reglamento; sin embargo, indicó que se encontraba en una reunión y posteriormente el departamento de prensa indicó que no se referiría al tema hasta hoy jueves. 

Horas después, la Presidencia de la República anunció su renuncia al cargo y el nombramiento, inmediato, de Nelson Peña en su lugar.

A esta hora (11 a. m.) todavía no se recibe una respuesta oficial por parte del Instituto.

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