Grandes casos de supuesta corrupción que aún esperan sentencia

Este sábado es el Día Internacional Contra la Corrupción y en Teletica.com le presentamos los cinco grandes casos que se investigan en nuestro país y que aún a hoy esperan sentencia, algunos con más de 10 años en proceso.

Cada vez son más los retos que los países enfrentan en esta lucha, retos que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “amenazan la prosperidad y la estabilidad de los pueblos de todo el planeta”.

“La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los ‘gastos iniciales’ requeridos por la corrupción, señala la ONU.

Durante el 2022, Costa Rica registró su segundo peor puntaje histórico (puesto 48) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), muy alejada de los países que tienen mejor puntaje como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.

Trocha fronteriza

Han pasado 11 años desde el sonado caso de supuesta corrupción de la “Trocha fronteriza”, y el juicio continúa suspendido, ya sea por cambio de jueces, o bien, por incapacidades de alguno de los investigados.

El hecho se remonta a mayo de 2012, por supuestos actos de corrupción en la construcción de la Ruta 1856, durante el Gobierno de Laura Chinchilla.

Según la investigaciónl, aparentemente se dieron dádivas y desvíos de fondos destinados a la construcción de esa obra.

El Ministerio Público acusó a 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio y enriquecimiento ilícito, además de encubrimiento de bienes y legitimación de capitales.

Por este caso investigan a exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargados del proyecto y empresarios contratados para la obra.

También se investigan a personas que simularon ser inspectores de Conavi, empresarios e, incluso, algunas esposas de los imputados.

Según la acusación, el perjuicio económico se estima en más de ₡1.200 millones.

Cementazo

Fue hace seis años (2017) cuando el Ministerio Público reportó supuestos delitos de peculado en créditos del Banco de Costa Rica (BCR).

El escándalo fue tan grande que se vieron involucrados los tres poderes de la República.

Siendo como protagonista y principal sospechoso, el empresario Juan Carlos Bolaños, dueño de la empresa Sinocem, quien fue financiado por el BCR, por un desembolso de $30 millones.

Según la Fiscalía, el desembolso de los fondos públicos habría sido en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños.

También se sospecha que el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, demandó $10 millones a los nueve imputados y cuatro sociedades anónimas involucradas en el caso “Cementazo”.

Este caso provocó la caída de los magistrados de la Corte. Además, se desarrollaron una serie de cuestionamientos al Gobierno de Luis Guillermo Solís, quien incluso tuvo que comparecer ante la comisión legislativa que investiga el caso.

Unas nueve personas siguen imputadas por diversos delitos y esperan que se desarrolle el juicio.

Cochinilla

Fue el 14 de junio del 2021 que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó decenas de allanamientos en casas y edificios de las grandes constructoras Meco y H Solís, así como en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dejando al descubierto una supuesta mega estructura de corrupción donde, supuestamente, los empresarios de estas dos grandes compañías sobornaban con dinero, fiestas y todo tipo de dádivas a varios funcionarios para garantizarse contratos de obras públicas.

La mayoría de los detenidos quedaron libres días después, algunos con medidas cautelares.

Por su parte, los dueños de las constructoras, Mélida Solís y Carlos Cerdas, actualmente, permanecen con medida cautelar de mantener domicilio fijo y no comunicarse con testigos del proceso. Además, en marzo de este año, se les eliminó el impedimento de salida del país.

Azteca

Fue el 9 de noviembre del 2021 cuando el OIJ realizó 38 allanamientos simultáneos en todo el país para detener a 23 personas, quienes figuran como sospechosos de narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales.

El hecho salpicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), donde se detuvo a 14 funcionarios.

Según la investigación, los sujetos al parecer creaban empresas de construcción y participaban con ellas en licitaciones de obras públicas. Con la ayuda de los funcionarios ganaban la licitación.

La supuesta estructura criminal, que en un principio se dedicaba al tráfico de drogas, corrompió a funcionarios para lavar dinero: mezclaban capital ilícito con dinero del Estado.

Según el OIJ, la organización compraba empresas “fachada” con alta disponibilidad de dinero en efectivo que no tenía origen lícito conocido. Inicialmente, estas costosas compras en efectivo hicieron saltar las alertas de la Policía.

El OIJ estima que obtuvieron 1.370 millones de colones entre 17 licitaciones y bienes e inmuebles.

Actualmente, solo dos personas relacionadas con el expediente están en prisión preventiva, ocho más cumplen medidas cautelares.

Diamante

Fue el 15 de noviembre del 2021 cuando el Poder Judicial lanzó un histórico operativo donde participaron cientos de agentes y decenas de fiscales para detener a los alcaldes de cinco municipalidades, acusados de supuestos sobornos para facilitar contratos de obras públicas.

Los alcaldes detenidos fueron: Johnny Araya, Municipalidad de San José, Mario Redondo, Municipalidad de Cartago, Humberto Soto, Municipalidad de Alajuela, Alberto Cole, Municipalidad de Osa y Alfredo Córdoba, Municipalidad de San Carlos. Todos quedaron libres.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, en aquel entonces, que la investigación inició en el 2019 y la constructora MECO era la principal señalada como “facilitadora” de los supuestos esquemas de corrupción.

Esta operación es paralela al caso “Cochinilla” que también investiga actos de corrupción para licitaciones de obras viales.