Gobierno congela aumentos salariales y restringe creación de nuevas plazas por lo que resta del 2017
Ambas decisiones se incluyen dentro de la directriz de contención del gasto gubernamental que entró en vigencia el pasado 31 de marzo
El Gobierno de la República anunció este martes que congelará los aumentos salariales del presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes del sector descentralizado, además de prohibir la creación de plazas del sector público por lo que resta del año.
Ambas medidas se encuentran dentro de la directriz 070-H, que pretende “contener y hacer más eficientes los gastos del Gobierno Central y de los órganos desconcentrados”. La directriz entró en vigencia el pasado 31 de marzo y regirá hasta el 31 de diciembre del 2017.
La medida viene a acompañar a la directriz 023-H y sus reformas, que desde 2015 ha introducido diferentes acciones para el control del gasto público.
“Gracias a la aplicación de las medidas para reducir gastos, entre ellas las indicadas en las directrices 023-H y 053-H se logró una desaceleración en el gasto total, que pasó de un 19,9% del PIB en el 2015, a un 19,8% en el 2016. Esta reducción se justifica en la disminución de varios rubros del gasto corriente, entre los que destacan las remuneraciones, que pasaron de 7,2% a 7,0% y los bienes y servicios que pasaron de un 0,7% a un 0,6%”, informó el ministro interino de Hacienda, José Francisco Pacheco.
Además de restringir la creación de plazas, la directriz insta a los ministros a establecer medidas de evaluación de desempeño que incluyan las metas institucionales como parte de la evaluación de funcionarios.
El Ministerio de Hacienda también presentará al Consejo de Gobierno, de manera trimestral, el estado de la ejecución presupuestaria del gobierno central referente al tiempo extraordinario, consultorías, viajes, viáticos, servicios públicos, gastos de representación y de alimentación, entro otros.
La directriz también restringe la compra de vehículos por parte de ministerios, órganos desconcentrados y entidades públicas, todos los cuales deberán seguir una política austera de adquisición de vehículos para uso del jerarca institucional, de manera que no podrán comprar ni sustituir aquellos que tengan menos de cinco años de haber salido al mercado.