Fiscalía analiza informaciones aportadas por EE. UU. en investigación por ataques de Conti
A casi tres años de los ‘hackeos’ que afectaron al Ministerio de Hacienda y la Caja de Seguro Social, la pesquisa continúa abierta y persigue cuatro delitos diferentes.
Informaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos son analizadas en la investigación que sigue el Ministerio Público de Costa Rica tras los ciberataques perpetrados hace tres años por el grupo de ransomware Conti.
Así lo dio a conocer la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía ante una consulta de Teletica.com.
El despacho confirmó haber gestionado una asistencia penal internacional, a través de la cual recibieron informes para alimentar el expediente 22-000180-1220-PE.
Dicha causa fue abierta tras una denuncia interpuesta por el entonces ministro de Hacienda, Elián Villegas, el 20 de abril de 2022, luego de que la organización criminal penetró sus sistemas informáticos y vulneró información de contribuyentes y datos históricos de la Dirección General de Aduanas.
Sobre el estado de la investigación, el Ministerio Público señaló que la misma continúa en desarrollo.
La misma persigue los supuestos de sabotaje informático, daño informático, propagación de programas informáticos maliciosos y extorsión agravada.
El caso sigue su trámite contra ignorado; es decir, que hasta la fecha no se han identificado los presuntos responsables del hecho.
Valga recordar que, si bien Conti se arrogó la autoría de los ataques, no se conocen los sujetos que perpetraron el hackeo; aun cuando se tienen 27 personas determinadas como integrantes de la organización criminal.
Los ataques en cuestión iniciaron el 17 de abril de 2022 y tuvieron una afectación profunda en nueve instituciones públicas. Además de Hacienda, impactó también al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta situación generó problemas en múltiples servicios públicos. Por ejemplo, debieron reprogramarse unas 158.000 citas médicas, se suspendió por un tiempo la recaudación de impuestos y se dieron atrasos en el pago de salarios de educadores públicos. A ello se debe aunar la infiltración de datos sensibles de ciudadanos.
Los perpetradores en su momento exigieron que se les cancelaran $20 millones a cambio de no publicar las informaciones y de liberar los sistemas intervenidos, pero el presidente de la República, Rodrigo Chaves, una vez que tomó el poder, rechazó negociar con quienes calificó de “terroristas”.
El costo de la recuperación de los sistemas de información ascendió los $25 millones, estimó la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, en una rendición de cuentas efectuada el 13 de noviembre de 2023. La jerarca añadió que la rehabilitación tomó cuatro meses.
