Por Paulo Villalobos |8 de enero de 2024, 14:22 PM

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, solicitó un informe a la subalterna que no apeló la liberación de dos sospechosos de amenazar con supuestas armas de fuego a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo anterior, con el objetivo de valorar su actuación y si procede o no la apertura de una causa administrativa, explicó el jefe del Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com.

Díaz es una de las figuras que ha criticado públicamente la resolución dictada por el Juzgado Penal de La Unión el 29 de diciembre de 2023, que excarceló a dos hombres de apellidos González y Castro, a quienes se les achaca una presunta portación ilícita de arma prohibida, así como aparentes amenazas agravadas.

Ambos están relacionados con un video que trascendió el 26 de ese mes, en el que se observa a dos individuos apuntar contra un vehículo que transitaba por vía pública en Linda Vista de Río Azul de La Unión. En el auto viajaban los agentes encubiertos que fueron confundidos con miembros de una banda rival, y quienes llevaban una cámara en la parte frontal.

Pese a la existencia de esa grabación, el órgano jurisdiccional dispuso la liberación con medidas cautelares alternativas para González y Castro, en el tanto que no se aportaron "indicios directos" que permitieran determinar que las armas observadas —un fusil de asalto AK-47 y una pistola 9 milímetros con cargador extendido— son reales. Valga recordar que, durante el operativo en el que fueron capturados los sospechosos, el Organismo de Investigación únicamente logró la incautación de un rifle de balines y arma hechiza que asemejaba ser un AK-47.

En una conversación con Telenoticias, el fiscal general alegó que la determinación del Juzgado Penal carece de fundamento y viola las reglas de la experiencia.

Asimismo, argumentó que desde antes de la detención de los imputados, el video del hecho se filtró y fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que le permitió a González y Castro cambiar sus apariencias (uno de ellos se rapó, por ejemplo) y deshacerse de elementos que los pudiesen involucrar.

"Es evidente que las armas no iban a aparecer", aseguró Díaz, poco después de expresar su decepción por lo resuelto.

Pese a la posición de su jefe, el Ministerio Público no apeló las disposiciones emitidas el 28 de diciembre de 2023.

Los encartados ahora descuentan las medidas de firma periódica en sede judicial, prohibición para portar armas de fuego y una orden de salir de Linda Vista de Río Azul de La Unión.

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