Directivo sugirió ampliar a 10 años contrato para Ebáis de forma “antojadiza”, según Fiscalía
La recomendación se dio pese a que la Ley General de Contratación Administrativa establece que el plazo ordinario para un contrato de este tipo es de cuatro años.
El exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Roberto Quirós, sugirió ampliar a 10 años de forma “antojadiza” el contrato para la administración de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
La recomendación se dio pese a que la Ley General de Contratación Administrativa (LGCA) establece que el plazo ordinario para un contrato es de cuatro años.
Así se desprende de la orden de allanamiento dictada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública en el caso policialmente conocido como Barrenador, a la que Teletica.com tuvo acceso.
Dicho escándalo —que se persigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE— se relaciona con un supuesto tráfico de influencias y una presunta influencia contra la Hacienda Pública, de parte de la Junta Directiva de la institución administradora de los servicios públicos, en una adjudicación hecha a cuatro cooperativas y una asociación.
La resolución menciona cómo varios de los miembros de la cúpula —presuntamente— llevaron a cabo diferentes “controles” para “vigilar” y “dirigir” el cártel en beneficio de los intereses de las entidades que resultaron beneficiadas en la licitación.
El documento remonta a la sesión 9.320 del 20 de marzo de 2023, cuando Quirós conformaba la Comisión de Cooperativas instalada poco más de un mes antes por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
"Prevaleciéndose de su cargo como director y vicepresidente de la Junta Directiva, con la intención de generar un beneficio a las cooperativas y Asemeco, indicó que no servía una licitación por 4 o 6 años, sino que, de manera antojadiza para ese momento, sugirió que 'metieran de una vez 10 años', lo anterior sin contarse con los requisitos legales establecidos en la norma, que en amparo al principio de legalidad, exige una resolución motivada sustentada en estudios técnicos, financieros y jurídicos para apartarse del plazo ordinario", se lee en la orden de allanamiento en poder de este medio.
De acuerdo con el numeral antes mencionado, una ampliación del plazo ordinario es posible, previa una resolución motivada suscrita por el jerarca, en donde se consignen las razones de la necesidad de una vigencia mayor, sustentada en estudios técnicos, financieros y jurídicos. En ningún caso, el periodo podrá superar los 10 años.
Ese mismo día, el foro recomendó, sin precisar vicio de nulidad alguno y al referir múltiples discrepancias de posibles oferentes, anular la licitación 2021LN-000034-0001101142.
La moción fue acogida más tarde por la Junta Directiva, que después instruyó a las gerencias Médica y de Logística la elaboración de un nuevo cartel, al que se le asignó el procedimiento 2023LY-000002-0001101142, en el que, finalmente y contrario a distintos informes técnicos, se pretende la compra de servicios de salud por los próximos 10 años.
Fiscalización
El documento resalta que la pesquisa en cuestión se inició el 11 de julio anterior, luego de que la Auditoría Interna de la entidad que vela por la seguridad social remitiera al Ministerio Público el informe AI-1099-2024; mismo que fue dado a conocer 11 días más tarde por Telenoticias.
Dicha pieza fungió como una noticia criminis y se complementó con una denuncia presentada el 5 de agosto por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE); mediante las cuales se puso en marcha la persecución de actuaciones presuntamente anómalas.
A modo de “hipótesis fáctica”, se menciona que la Fiscalía logró establecer “en grado probable una serie de actos irregulares en torno al interés evidenciado” por parte de la Junta Directiva, “para ejercer control” sobre la compra de servicios para el primer nivel de atención en salud.
Esto “con la finalidad de que se elabore un cartel que satisfaga los intereses de los oferentes, y además, forzar resultados distintos a los criterios técnicos en aras de dar una apariencia de legalidad a lo actuado, al apartarse del principio de menor costo y adjudicar a los oferentes sobre precios excesivos, lo cual deviene contrario al resguardo del interés público”.
Tal situación —de quedar en firme la adjudicación— genera un sobreprecio por ¢12.400 millones anuales, estimó el fiscal general de la República, Carlo Díaz, el lunes, al referirse a las diligencias ejecutadas en 28 puntos.
La Caja de Seguro Social en su momento defendió el procedimiento en cuestión y aseguró que el mismo incluso contempló los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones. Los últimos, en cambio, sostienen que superaron la licitación de forma transparente.
Sobre los allanamientos y la detención de Esquivel, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, denunció un “abuso de poder” por parte del Ministerio Público.
