Por Jason Ureña |18 de diciembre de 2024, 15:00 PM

La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó que se declare la nulidad de las adjudicaciones hechas a cuatro cooperativas y una asociación de servicios médicos, para administrar 10 áreas de salud.

Esa cuestionada contratación ahora es objeto de una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en la que se persiguen los posibles de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato (vea video adjunto de Telenoticias).

Parte de la trama de supuesta corrupción se relaciona con supuestos sobreprecios advertidos por el Área de Costos de la institución administradora de los hospitales públicos del país, pero que fueron ignoradas por la Junta Directiva al acordar la tercerización de los centros médicos.

La Contraloría General de la República (CGR) ya había determinado la nulidad de la única línea de la adjudicación que se cuestionó a nivel administrativo.

En el documento, del 10 de diciembre pasado, los abogados de la Caja señalaron:

"La Dirección Jurídica concluye que el vicio absoluto evidente y manifiesto en la falta de motivo del acto final, evidenciado por la Contraloría, es común sobre todas aquellas partidas objeto de adjudicación.

"De tal forma que afecta todos los derechos otorgados con base en ese mismo acto administrativo.

"Ante tal situación, lo procedente es adoptar el mecanismo legal correspondiente, para concretar la declaratoria de nulidad respecto de los derechos otorgados por medio del acto de adjudicación".

Los juristas citan el criterio del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa con el que se anuló la adjudicación hecha por la Caja a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Copesana) para administrar ocho Ebáis del Área de Salud San Francisco-San Antonio, en San José.

El ente contralor descalificó el informe usado por la Junta Directiva de la Caja al señalar la carencia de criterios técnicos.

¿Pero qué falta para que se dé esa nulidad? Ante la consulta de Telenoticias, la institución respondió:

"Se debe señalar que corresponde a la Junta Directiva la toma de decisión del inicio del procedimiento administrativo para la nulidad de las partidas restantes, una vez que se realice el procedimiento se debe solicitar un dictamen a la Contraloría General de la República y, posteriormente, adoptar la decisión que corresponda".

Hasta ahora, el criterio no ha sido conocido en la Junta Directiva.

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