Defensa Pública no garantiza la representación de personas jurídicas en materia penal
“Hay un principio básico que dice que nadie está obligado a lo imposible”, aseguró la jefa de la Defensa Pública, Diana Montero, ante la falta de recursos en la entidad
La jefa interina de la Defensa Pública, Diana Montero, aseguró este lunes que ante la falta de recursos y la creciente demanda de trabajo en esa entidad, es imposible garantizar la representación de personas jurídicas en materia penal, un nuevo recargo que les trajo la recién aprobada ley sobre cohecho doméstico y soborno transnacional.
“Hay un principio básico que dice que nadie está obligado a lo imposible. Si yo tengo solo un defensor público y dos audiencias al mismo tiempo tengo que ver en cuál de las audiencias hay mayor riesgo para el bien jurídico”, aseguró Montero, firme opositora de ese proyecto durante su discusión.
La directora afirmó que la nueva ley debilita a la Defensa Pública pues amenaza con dejar desatendidas a personas en situación de vulnerabilidad en aras de defender a una sociedad que, en muchos casos, podría tener los recursos para costear su representación.
Ante esto, Montero defendió que realizarán una “priorización de bienes jurídicos” a la hora de elegir qué casos defender, pero no ocultó que en esa balanza las personas con mayor necesidad tendrán mayor peso.
“Trataremos de hacer lo que esté en nuestras manos, pero llega un momento en que el servicio no se puede brindar, no porque no queramos, sino porque no tenemos el recurso suficiente. En realidad, nosotros tratamos siempre de dar respuesta al servicio, hacemos maravillas para tratar de darlo”, afirmó.
¿Por qué?
La nueva ley establece, entre otras, que ante la ausencia de un representante legal de una empresa sospechosa de delitos de cohecho, soborno o corrupción, el Estado deberá facilitarle un defensor público para que la represente y defienda.
La Defensa Pública y la Corte Plena señalaron que esa situación afecta la estructura del Poder Judicial, desnaturaliza la defensa y atenta contra la constitucionalidad; sin embargo, para los legisladores primaron otras valoraciones.
“Nos acerca a un gran riesgo institucional porque vamos a venir a representar los intereses de una sociedad anónima sin siquiera tener conocimiento de quiénes son las personas que conforman esa persona jurídica, ¿qué sucedería si esa persona aparece y considera que el defensor no hizo lo que él cree era adecuado? Podría generar responsabilidad para la Defensa, el Poder Judicial y el Estado costarricense y eventualmente acercarnos a indemnizaciones”, advirtió Erick Núñez, subjefe de la Defensa Pública.