Contraloría estudia anular millonaria contratación de CCSS a cooperativa
Para el ente auxiliar del Congreso, pudo haberse acordado un acto de adjudicación sin haberse verificado que, de conformidad con la normativa, el precio ofertado resultara razonable.
La Contraloría General de la República (CGR) le dio tres días a la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) para que defienda la millonaria contratación que le hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con presuntos sobreprecios.
Se trata de una notificación de nulidad del contrato que le dio la institución para administrar, por 10 años, el Área de Salud San Francisco-San Antonio por ¢31.310 millones mensuales.
En el documento, en poder de Telenoticias (ver video adjunto), el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa argumenta:
"No se concluyó de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando para la partida y en los cuales se consideró, para efectos del límite superior, solo los costos promedio del servicio correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social como prestataria de servicios de salud.
"Así las cosas, en apariencia, no consideró la competencia del mercado. En consecuencia, el contenido de los oficios 'análisis cuantitativo para la gestión de las áreas de salud contratadas a terceros' no resultaría suficiente frente a la Ley General de Contratación Pública".
Para la Contraloría, pudo haberse dictado un acto de adjudicación sin haberse verificado que, de conformidad con la normativa, el precio ofertado por esa cooperativa resultara razonable.
La Junta Directiva acordó el 6 de julio pasado tercerizar los servicios médicos de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, a cuatro cooperativas y una asociación privada, con supuestos precios excesivos.
Estos fueron alertados previamente por la Gerencia Financiera con criterios técnicos, de los que se apartó la cúpula.
Sin embargo, por ahora la notificación de nulidad es solo contra Coopesana, que es la única adjudicación en la que figuraba otro oferente.
Estas irregularidades son investigadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en un caso denominado como Barrenador. La pesquisa se sigue contra distintos miembros de la Junta Directiva que participaron de la adjudicación, la gerente general que recomendó aprobar la licitación y la propia presidenta de la institución, Marta Esquivel.
