Congreso conocerá informe sobre levantamiento de inmunidad a Celso Gamboa el martes 27 de febrero
La solicitud del levantamiento de la inmunidad fue solicitada por la Corte Suprema de Justicia
La tarde de este jueves 43 diputados votaron a favor de que el informe realizado por la comisión especial que ve el tema del levantamiento de la inmunidad de Celso Gamboa sea conocido en plenario este martes 27 de febrero.
(UH) 43 Diputados acuerdan conocer el martes 27 de febrero el informe sobre solicitud de levantamiento de inmunidad del Magistrado Celso Gamboa Sánchez y se le notifique para que pueda hacer uno de su derecho de defensa
— Asamblea Legislativa (@asambleacr) 22 de febrero de 2018
Los diputados de la Comisión Especial encargada de seguir la causa seguida contra el magistrado recomendaron al Plenario Legislativo, la mañana de este jueves, levantar la inmunidad del funcionario actualmente suspendido.
Los legisladores consideran que la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes de la República no debe ser utilizada para entorpecer investigaciones serias y fundadas.
“El principio democrático exige rendición permanente de cuentas, ante la ciudadanía, por parte de todas las personas funcionarias públicas y con mucho mayor razón de aquellas que ostentan las más altas jerarquías constitucionales.
"En estos tiempos de serios cuestionamiento de corrupción en múltiples niveles del Estado costarricense, la respuesta de quienes ostentamos la representación popular debe ser clara y contundente: no más impunidad.
"Quienes sean señalados de manera fundada deberán rendir cuentas ante la justicia, indistintamente el cargo que ostenten en nuestro Estado” señala el informe afirmativo unánime.
El Presidente de la comisión especial y diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio Delgado, indicó que no encontraron pruebas de que la causa en contra del magistrado sea un caso de persecución política.
“El análisis de los documentos aportados a la comisión fundamenta nuestra decisión de recomendar el levantamiento de la inmunidad, pues encontramos que existe sustente en la denuncia contra el magistrado. Serán los tribunales competentes los encargados de determinar la culpabilidad o no del jerarca”, explicó Atencio Delgado.
Gamboa es acusado por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de la función pública y la comisión además está formada por Juan Luis Jiménez Succar de Liberación Nacional y Edgardo Araya del Frente Amplio.
La solicitud del levantamiento de la inmunidad fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes
La decisión de los parlamentarios ocurrió luego de que la semana pasada se le rechazó a Gamboa un recurso de recusación que planteó con el fin de evitar que se le levantara su inmunidad, tal y como lo solicitó la Corte Plena.
Este último órgano del Poder Judicial solicitó a los diputados, días atrás, realizar el levantamiento de la inmunidad de Gamboa para que se le investigue por los delitos de tráfico de influencias.
En el texto, Gamboa aseguró que no fue notificado de la decisión de la Corte Plena, al tiempo que alegó que muchos legisladores adelantaron criterio en artículos publicados por varios medios de prensa. Indicó que los legisladores faltaron a su deber de "probidad".
Sin embargo, el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, argumentó que el recurso no procedía para el primer poder de la República.
A Gamboa se le sigue una causa por aparente delito de tráfico de influencias al, presuntamente, solicitar que se le borrara un expediente judicial a Johnny Araya, alcalde de San José.
Gamboa también es relacionado con el caso del préstamo del BCR para la compra de cemento chino al empresario Juan Carlos Bolaños.
El magistrado se encuentra suspendido de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La comisión legislativa que investigó los préstamos estatales al cemento chino y la compra de una planta hidroeléctrica en Aguas Zarcas solicitó en diciembre pasado el despido de Gamboa como magistrado de la Sala Tercera.
En aquel entonces, los diputados solicitaron su destitución inmediata e inhabilitación por 10 años de todo cargo público.
Esto por las investigaciones que se siguen en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor de Bolaños, ya sea de manera directa o a través de su Letrado, el señor Justo Pastor López.
También se le señaló, entre otras, por la compra de un condominio en Jacó valorado en ₡130 millones sin que se tenga certeza de cómo consiguió ese dinero.
Además se solicitó que los hechos consignados dentro del informe sean considerados en las investigaciones de tipo penal y administrativas que existen contra el magistrado.