Comisión solicita despido de Celso Gamboa, Mariano Figueres y otros involucrados con el 'cementazo'

La comisión legislativa que investiga los préstamos estatales al cemento chino y la compra de una planta hidroeléctrica en Aguas Zarcas solicitó este lunes el despido de Mariano Figueres como director de la DIS y de Celso Gamboa como magistrado de la Sala Tercera.

Las dos son parte de las principales recomendaciones que se incluyeron en el informe de 194 páginas presentado este lunes y con el cual se concluyen cuatro meses de investigación en un escándalo de corrupción que alcanzó los principales poderes de Costa Rica.

Las conclusiones, presentadas esta noche por el presidente de la comisión Ronny Monge (PLN), fueron aprobadas por unanimidad y se iniciaron con la solicitud al presidente Luis Guillermo Solís de la destitución inmediata al Figueres, cabeza de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

A él se le acusa de “haber incumplido sus deberes de cuido del Primer Mandatario” a pesar de conocer las reuniones que este sostuvo con Juan Carlos Bolaños y las advertencias que ya pesaban contra el empresario.

Además se acusa al propio Solís de haber faltado a su deber de probidad al no actuar “en condiciones de igualdad para los habitantes de la República”, no ajustarse “a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña” y no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustara “a los principios de (…), eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.

En el caso de Gamboa los diputados solicitaron su destitución inmediata e inhabilitación por 10 años de todo cargo público, esto por las investigaciones que se siguen en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor de Bolaños, ya sea de manera directa o a través de su Letrado, el señor Justo Pastor López.

También se le señaló, entre otras, por la compra de un condominio en Jacó valorado en ₡130 millones sin que se tenga certeza de cómo consiguió ese dinero.

Además se solicitó que los hechos consignados dentro del informe sean considerados en las investigaciones de tipo penal y administrativas que existen contra el magistrado.

Más sanciones

La comisión, integrada por Monge y los también diputados Sandra Piszk y Julio Rojas (PLN), Ottón Solís (PAC), Patricia Mora (Frente Amplio), Abelino Esquivel (Renovación Costarricense), William Alvarado y Nidia Jiménez (PUSC) y José Alberto Alfaro (Movimiento Libertario), también presentó una amplia serie de recomendaciones para todos los demás  involucrados en las tramas del cemento chino y el préstamo a Coopelesca.

En el caso de la Fiscalía General de la República se solicitó el despido de la exfiscala subrogante Berenice Smith, así como su inhabilitación por 10 años de todo cargo público, lo mismo para el exfiscal general Jorge Chavarría.

A ambos se les acusa de incumplir “gravemente” en sus funciones y deberes, especialmente en la desestimación de prueba en el caso del cementazo.

Se solicitó investigar a los magistrados de la Sala Tercera que desestimaron las causas contra contra los diputados Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (Independiente, antes PAC).

A ellos se les acusa de tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños. Para ambos se pidió que renunciaran a su inmunidad.

Con Morales, además, se solicitó a los diferentes órganos del Estado no nombrarlo para funciones públicas por los próximos 10 años.

A la Procuraduría de la Ética se le pidió continuar con las investigaciones a los diputados Johnny Leiva (PUSC) y Rolando González (PLN) para determinar si hubo faltas a la probidad por el uso de aeronaves propiedad de Bolaños.

Lea también: Presidente Solís niega acusaciones legislativas por cementazo y defiende labor de Mariano Figueres

Al Banco de Costa Rica, entidad bancaria detrás de los préstamos a Bolaños y Coopelesca, se le solicitó sancionar de manera inmediata a la mayoría de los miembros de la junta directiva que participó de los créditos, lo mismo que su exgerente Mario Barrenechea.

Contra Paola Mora, exdirectora del banco, se pidió una inhabilitación por 10 años, mientras que se pidieron cinco años de prohibición para los exdirectores Gustavo Arias y Rónald Solís.

Por cuatro años se pidió sancionar a los también exdirectores Francisco Molina, Evita Arguedas, Alberto Raven y Mónica Segnini.

Finalmente contra Barrenechea se pidieron 10 años de prohibición.

En el caso de Mora y Barrenechea también se solicitó el despido inmediato de sus cargos.

Por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se solicitó a la Procuraduría de la Ética investigar si el exministro de esa cartera, Welmer Ramos, incurrió en alguna falta al deber de probidad por aceptar presiones de Casa Presidencial en acciones que beneficiaron al empresario Juan Carlos Bolaños.

También se le solicitó al expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Daniel Gallardo, su renuncia a la diputación y a la Procuraduría de la Ética que determine si falló al deber de probidad.

En Aduanas se solicitó el veto de todo cargo público por cinco años contra el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez, mientras que al exdirector de Aduanas, Benito Coghi, se le pidió ser investigado también por fallas a probidad.

Finalmente en el caso de Coopelesca se instó a Holcim a devolver el sobreprecio cobrado a la cooperativa por la venta de la planta hidroeléctrica Agua Zarcas ($5,5 millones).

También se recomendó a la Aresep realizar una auditoría financiera y operativa sobre los costos asociados a la tarifa eléctrica en el caso de Coopelesca, así como una investigación para determinar si se pagaron costos adicionales por la compra de la planta.

A la gerencia del BCR se le pide ordenar una revisión del trámite para buscar posibles violaciones a la ley órganica del Sistema Bancario Nacional, mientras que a la Sugef se le invita a revisar de manera “profunda” el crédito otorgado a Coopelesca para ver si se realizó el correcto análisis financiero y económico del proyecto.

Por este hecho también se solicitó la inhabilitación de Alberto Raven por ocho años, esto por el tráfico de influencias que significó el que apareciera como fiscal de Holcim, socio de Bufete Zurcher, Odio & Raven, dueño de la empresa O&R Trust Services y al mismo tiempo directivo del Banco de Costa Rica.