Banco Nacional despide a directora jurídica por denuncia tardía en caso "Gallo tapado"
El cese de la funcionaria fue comunicado por la entidad financiera al cabo de una investigación externa.
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) despidió, este viernes, a su directora jurídica, Marietta Herrera Cantillo.
Lo anterior, luego de que la concluyera una investigación externa en su contra sobre el atraso en la presentación de la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la aparente sustracción de ¢3.293 millones de las bóvedas de la entidad financiera.
Esa pesquisa fue ejecutada por un órgano director independiente, contratado por la institución en procura de garantizar "la objetividad y el debido proceso", informó el banco en un comunicado.
La determinación fue tomada por la Gerencia General; instancia que el 9 de noviembre de 2023 instruyó la apertura de investigación cuyo fin era determinar si existía responsabilidad de Herrera Cantillo por el reporte tardío del millonario faltante, al que policialmente se le denominó como caso "Gallo tapado".
"Una vez revisadas las pruebas y concluido el análisis jurídico por parte del órgano director externo, la Gerencia General del Banco Nacional tomó la determinación de despedir a la funcionaria de su cargo sin responsabilidad patronal", se lee en la nota de prensa divulgada por el Nacional.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a la jefa legal por un presunto incumplimiento de deberes, en el tanto que se sospecha que tenía conocimiento de los hechos delictivos y omitió denunciarlos, aunque le correspondía hacerlo.
El diario La Nación dio a conocer el 26 de enero pasado, con información contenida en el expediente 23-000369-1218-PE, que en por lo menos dos ocasiones, la abogada recomendó "revisar primero" antes de formular la denuncia, en el tanto que carecían de insumos suficientes para hacer el reporte.
Fue así como pasaron 20 días, hasta que la entidad financiera se apersonó al Ministerio Público, cuando este ya actuaba de oficio.
Tanto el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, como el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga López, denunciaron en una conferencia de prensa que este atraso afectó seriamente la labor de persecución.
