Auditoría denuncia ante Fiscalía decisión de CCSS de adjudicar administración de Ebáis
La remisión del caso al Ministerio Público responde a que, en apariencia, la determinación de la Junta Directiva se dio contra criterios financieros que alertaban de precios ofertados excesivos.
La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunció ante el Ministerio Público la adjudicación aparentemente irregular de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
La privatización de estos establecimientos fue aprobada el pasado 6 de julio, cuando los directivos de la institución sesionaron de forma extraordinaria, bajo la figura de funcionario de hecho, que permite revisar y decidir temas de urgencia, pese a no contar con el quorum estructural para tales efectos.
En la reunión, la Junta adjudicó la administración de los centros de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio a la Cooperativa Coopesana; La Carpio de La Uruca y San Sebastián de San José a Asemeco; Pavas de San José y Desamparados a Coopesalud; Tibás a Coopesaín; así como San Pablo y Barva a Coopesiba (vea video adjunto de Telenoticias).
Lo anterior por un monto de ¢3.929 millones mensuales por los próximos 10 años. O sea, una adjudicación que representará para la institución ¢471.000 millones.
El informe de Auditoría hace ver que incluso la Junta de Adquisiciones de la Caja recomendó declarar infructuosa la compra debido a que los precios ofertados eran excesivos. Asimismo lo hizo la Gerencia Financiera, al presentar un informe ante la Junta Directiva, concluyendo que los precios ofertados por las cooperativas efectivamente eran excesivos.
No obstante lo anterior, la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, le solicitó a la exgerente de Infraestructura y actual directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, un análisis de lo ofertado en el que terminó recomendando la contratación, pese a los criterios financieros señalados anteriormente.
Sumado esto, el ente auditor le hizo ver al Ministerio Público que "llama la atención de esta Auditoría lo indicado por la directora de Red de Servicios de Salud sobre solicitudes planteadas por miembros de la Junta Directiva de manera informal, que llevó a efectuar cambios al pliego de condiciones correspondientes a la compra con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento".
La Auditoría le pidió a la Fiscalía valorar lo señalado en el documento y actuar como corresponde a ley, con la posibilidad de coadyuvar en el caso.
Por su parte, la Caja defendió que para realizar la adjudicación se consideraron los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones.
“Estamos muy contentos de poder continuar 10 años más siendo esos aliados estratégicos que hemos sido durante 26 años, en donde complementamos y fortalecemos los servicios de la Caja”, comentó el gerente de Coopersiba, Óscar Abellán.
Más de 589.000 asegurados hacen uso de los establecimientos de salud que fueron entregados por 10 años más a las cooperativas.
