Allanan CCSS y casas de directivos por supuestos sobreprecios en adjudicación de Ebáis
El domicilio de Marta Esquivel es uno de los 28 puntos intervenidos, la mañana de este lunes, por la Fiscalía Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial.
Las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron allanadas, la mañana de este lunes, por aparentes sobreprecios en la adjudicación de 138 equipos básicos de asistencia integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud (vea video adjunto de Telenoticias).
Entre los 28 puntos intervenidos destaca un apartamento en el piso ocho del condominio Urbn Escalante, en San José, en el que reside la presidenta ejecutiva de la institución administradora de los hospitales públicos del país, Marta Esquivel.
También se irrumpió la vivienda del representante del Gobierno de la República ante la Junta Directiva de la Caja, Jorge Porras, en San Pablo de Heredia. Este último renunció el 19 de setiembre pasado, pero la salida está prevista para hacerse efectiva hasta el 25 de este mes.
Las diligencias las lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Antiocorrupción (FAPTA). La Caja, a través de su oficina de prensa, aseguró que colabora con las autoridades judiciales "en todo lo que se requiera".
Estas responden a una denuncia planteada por la Auditoría Interna de la propia entidad que vela por la seguridad social, la cual fue dada a conocer por Telenoticias el 22 de julio pasado.
La privatización de estos establecimientos fue aprobada el 6 de julio anterior, cuando los directivos de la institución sesionaron de forma extraordinaria, bajo la figura de funcionario de hecho, que permite revisar y decidir temas de urgencia, pese a no contar con el quorum estructural para tales efectos.
En la reunión, la Junta Directiva adjudicó la administración de las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio a la Cooperativa Coopesana; La Carpio de La Uruca y San Sebastián de San José a Asemeco; Pavas de San José y Desamparados a Coopesalud; Tibás a Coopesaín; así como San Pablo y Barva a Coopesiba.
Lo anterior por un monto de ¢3.929 millones mensuales por los próximos 10 años. O sea, una adjudicación que representará para la institución ¢471.000 millones.
Aparentes irregularidades
El informe de Auditoría hace ver que incluso la Junta de Adquisiciones de la Caja recomendó declarar infructuosa la compra debido a que los precios ofertados eran excesivos. De igual manera lo hizo la Gerencia Financiera, al presentar un informe ante la Junta Directiva, en el que concluía lo mismo.
No obstante lo anterior, la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, le solicitó a la exgerente de Infraestructura y actual directora de Proyección de Servicios de Salud, María de los Ángeles Gutiérrez, un análisis de lo ofertado en el que terminó recomendando la contratación, pese a los criterios financieros señalados anteriormente.
Sumado a esto, el ente auditor le hizo ver al Ministerio Público que "llama la atención de esta Auditoría lo indicado por la directora de Red de Servicios de Salud sobre solicitudes planteadas por miembros de la Junta Directiva de manera informal, que llevó a efectuar cambios al pliego de condiciones correspondientes a la compra con la finalidad de dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años; así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento".
Por su parte, la Caja en su momento defendió que para realizar la adjudicación se consideraron los descuentos ofrecidos por los proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones.
Más de 589.000 asegurados hacen uso de los establecimientos de salud que fueron entregados por 10 años más a las cooperativas.
