Abren proceso disciplinario por error en resolución de caso Diamante
Se trata del uso de un machote en la declaratoria de crimen organizado dictada por el Juzgado Penal de Hacienda en el escándalo de presunta corrupción.
El Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) abrió un proceso disciplinario por el aparente error que llevó a la anulación de la declaratoria de crimen organizado en el caso policialmente conocido como Diamante.
La causa se abrió de oficio y se tramita en la etapa de investigación preliminar, bajo el expediente 25-000500-031-DI, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante consulta de Teletica.com.
El proceso se tramita contra ignorado; es decir, todavía no figuran personas individualizadas en la pesquisa.
La apertura de la causa disciplinaria llega un día después de que este medio diera a conocer que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública había declarado la ilegalidad e ineficacia de la resolución previa del Juzgado Penal, en la que se acogió un pedido de tramitar el escándalo de presunta corrupción bajo la modalidad especial de delincuencia organizada.
Ello luego de que se determinara, mediante apelaciones, que el órgano jurisdiccional de primera instancia había echado mano de un machote al resolver.
Por error, en la declaratoria de crimen organizado quedaron menciones de delitos relacionados con una pesquisa que se seguía por los aparentes de homicidio y aborto, los cuales no tenían nada que ver con el expediente 20-009616-0042-PE.
Asimismo, se determinó que el Juzgado Penal de Hacienda emitió dos actos similares a la 1:30 p. m. del 28 de diciembre de 2020.
"Ello representa una clara confusión en cuanto a la fundamentación que se ha ofrecido para autorizar la tramitación de un proceso de delincuencia organizada, dejando a los encartados reales de este proceso en un mar de dudas sobre los delitos que realmente se les vienen atribuyendo.
"Se debe señalar que la rigurosidad con la que un juez de garantías debe realizar la fundamentación de una resolución como la que se ha apelado, debe darse con mayor ahínco, tomando en consideración que este tipo de solicitudes se realizan sin contención alguna, con lo cual, la verificación de los requisitos para realizar una debida fundamentación requiere una mayor precisión en los datos y minuciosidad en cada uno de los elementos que puedan fundamentar la resolución de un proceso de delincuencia organizada y no simplemente evidenciar dentro de ambas resoluciones la utilización de un formulario o 'machote' y cuenta de ello, fue la prueba documental que el encartado Carlos Cerdas aportó al proceso, cuando expuso una solicitud gestionada por el licenciado Allan Cortés a a la jueza y que resultaron ser las mismas partes del proceso utilizadas en la resolución de folio 239 y siguientes", reza el voto 052-2025.
La autorización para tramitar el caso Diamante por el proceso especial de delincuencia organizada permitió utilizar figuras especiales, como las intervenciones telefónicas, para la persecución de un supuesto esquema de sobornos en obras públicas del sector municipal.
De ahí que, al anularse esa resolución, toda la prueba emanada de la intervención de las comunicaciones es ilegal, a criterio de los abogados intervinientes en el expediente, Juan Marcos Rivero y Francisco Dall'Anese. Sin esos elementos, la investigación queda "herida de muerte", coincidieron los defensores.
El escándalo en cuestión estalló el 15 de noviembre de 2021. En el mismo figuran como sospechosos el alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como los exgobernantes locales Johnny Araya (San José), Arnoldo Barahona (Escazú), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa).
Asimismo, figuran los empresarios Carlos Cerdas, de MECO, así como Daniel Cruz, Explotec y Multiservicios MTS.
