Glovo cede a presión del gobierno español y contratará a sus repartidores
El anuncio se produce un día antes de que el fundador de la app se presente ante un juez para declarar como investigado por prácticas contrarias a la legislación laboral española.
La plataforma de reparto a domicilio Glovo contratará a sus repartidores en España, donde ha mantenido un enfrentamiento con el gobierno que la multó por incumplir la legislación laboral al usar a trabajadores independientes para hacer sus entregas.
"La dirección de Glovo ha decidido cambiar de un modelo 'freelance' a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España, para evitar más incertidumbres legales", explicó el lunes en un comunicado la empresa que fue adquirida por la alemana Delivery Hero.
"El cambio de modelo operativo" estará "limitado al negocio de Glovo en España", un paso que tendrá un impacto de "100 millones de euros (105 millones de dólares)" sobre los ingresos brutos de explotación de la empresa para el año fiscal 2025, precisó el texto.
El anuncio se produce un día antes de que el fundador y jefe de Glovo, Oscar Pierre, deba presentarse ante un juez de instrucción en Barcelona para declarar como investigado por posibles prácticas de su empresa contrarias a la legislación laboral española, según una fuente judicial.
El paso fue saludado por el gobierno de izquierda español, en voz de su ministra del Trabajo, quien afirmó en la red social X que "ninguna gran empresa está por encima de una ley".
Multas millonarias
Fundada en Barcelona en 2014, Glovo está presente en la actualidad en 900 ciudades de 23 países.
El grupo no especifica en su página web el número de repartidores que tienen en su plataforma en España, pero según medios locales son varios miles.
La empresa, comprada en julio de 2022 por Delivery Hero, llevaba años enfrentada con las autoridades españolas, que la acusaban de no respetar la legislación laboral en el país.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó una ley en 2021 que otorga la condición de empleados a los repartidores de las plataformas como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.
La llamada "ley Rider" provocó la contratación de miles de repartidores anteriormente considerados autónomos, aunque se topó con reticencias por parte de plataformas como Glovo.
Tras la adopción de la normativa, la empresa catalana aceptó tener en plantilla a los repartidores de sus supermercados en línea, pero mantuvo como independientes a los que entregaban comida preparada, basándose en un nuevo estatuto que reforzaba su autonomía.
Esta decisión llevó al Ministerio de Trabajo español a imponer dos multas por un total de 205 millones de euros (215 millones de dólares) a la plataforma de reparto, que también es objeto de una investigación de la Comisión Europea.
Ofensiva europea
"Dado que no se ha llegado a un acuerdo final" en su controversia con las autoridades, Glovo espera "recibir decisiones de reclasificación" del estatus de sus repartidores "por supuestas violaciones de la legislación laboral en España" en los últimos años, afirmó el comunicado.
El anuncio de Glovo provocó una fuerte caída del título Delivery Hero, que perdía un 7,87% en la Bolsa de Fráncfort a las 09H40 GMT, a 35,69 euros, ante el temor de los inversores de que reduzca significativamente los resultados del grupo.
El modelo de estas plataformas basado en trabajadores independientes sin contrato ha sido cuestionado en los últimos años en un número creciente de países, que en ocasiones han impuesto multas a las empresas.
La Unión Europea también abordó el tema al adoptar una directiva el 14 de octubre que exige la reclasificación como empleados de las personas que trabajen para plataformas digitales.
Pero los términos de estas medidas siguen sin estar claros y dependen de las regulaciones nacionales.
