Canadá despenalizará posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en proyecto piloto

Canadá anunció el martes que despenalizará la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en un proyecto piloto en Columbia Británica que busca atajar una crisis de opioides que deja miles de muertos, buscando tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores.

En respuesta a un pedido de la provincia de Columbia Británica, la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett, dijo que el 31 de enero de 2023 entrará en vigor una exención a la ley para permitir la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas duras, por un periodo de tres años.

Los adultos de esta provincia de la costa Pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2,5 gramos de drogas duras, y la policía no podrá confiscar el producto.

En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones.

"Durante demasiados años, la oposición ideológica a la reducción del daño ha costado vidas", dijo Bennett en una conferencia de prensa al anunciar el programa piloto.

"Hacemos esto para salvar vidas, pero también para dar su dignidad y (capacidad de) decisión a los usuarios de drogas", declaró, agregando que se convertiría en "un modelo para otras jurisdicciones de Canadá".

Kennedy Stewart, el alcalde de Vancouver -epicentro de la crisis de opioides- dijo que la decisión "replantea en forma fundamental la política de drogas para favorecer la asistencia sanitaria en lugar de las esposas".

Llamándolo un "histórico, valiente y pionero paso en la lucha para salvar vidas de la venenosa crisis de las drogas", agregó que también reduciría los pequeños crímenes que suelen estar relacionados con adicciones.

Varias ciudades canadienses, incluyendo Montreal y Toronto, han manifestado su deseo de obtener exenciones similares.

El pequeño Nuevo Partido Democrático, de izquierda, presentará el miércoles al Parlamento una propuesta de ley para despenalizar la posesión de droga en todo el país, aunque se espera que sea derrotada.

Vergüenza y miedo 

Bennett enfatizó que la exención atribuida a Columbia Británica "no es una legalización".

Pero convertirá a esa provincia en la segunda jurisdicción en Norteamérica en despenalizar las drogas duras, luego de que lo hiciera en noviembre de 2020 el estado estadounidense de Oregón.

La experiencia de Oregón hasta ahora ha ofrecido resultados mitigados, pues pocas personas se acogieron a los tratamientos de adicciones, mientras cayó el gasto en vigilancia policial.

El abuso de sustancias ha dejado miles de muertos en Columbia Británica. Su ministra de Adicciones, Sheila Malcolmson, indicó a la AFP en noviembre, cuando solicitó la exención, que la provincia enfrentaba "una crisis de sobredosis que están causando una terrible pérdida de vidas".

La pandemia agravó sus efectos, señaló en la conferencia de prensa de martes.

"La vergüenza y el miedo impiden que la gente acceda a la atención en salud que necesita", explicó. "Y el miedo a ser criminalizado ha llevado a muchas personas a esconder su adicción y usar drogas solos... lo que puede significar morir solo".

Varios consumidores de drogas consultados por la AFP dijeron que la cantidad de droga permitida por la exención es demasiado baja, porque su consumo diario es mucho mayor.

Bennett lo reconoció, pero dijo que es un punto de partida.

También indicó que los pedidos crecen en Ottawa para regular la entrega segura de drogas duras, ahora muchas veces cortadas con sustancias tóxicas.

Pero primero, agregó, se debe colectar evidencia sobre el proyecto piloto para mostrar que el acercamiento funciona.

Según datos del gobierno federal, 26.690 personas murieron por sobredosis de opioides en Canadá entre enero de 2016 y septiembre de 2021.

Se estima que en Columbia Británica seis personas mueren cada día por intoxicaciones relacionadas con opioides.

Más de 2.200 personas fallecieron el año pasado, y unas 9.400 desde que la jefa de salud pública de la provincia, Bonnie Henry, declaró la emergencia de salud pública en 2016.