455 detenidos este año por presentar pruebas falsas de COVID-19
Muchos de los implicados optan por realizar acuerdos de reparación de daños como donaciones a obras de caridad con el fin de cerrar sus casos para poder llevar a cabo su viaje.
Las fiscalías de Alajuela y Liberia procesaron entre enero y noviembre a 455 personas que intentaron salir del país con un comprobante negativo falso o alterado de COVID-19.
Ese documento es indispensable para visitar otros países y desde marzo de este año las autoridades de migración y las aerolíneas lo solicitan previo al abordaje.
Fue en el mes de abril pasado que funcionarios del aeropuerto Juan Santamaría detectaron el primer caso. A partir de ese momento y hasta octubre, se han abierto 434 expedientes por el delito de uso de documento falso solo en el aeropuerto alajuelense.
“Se han disminuido considerablemente los delitos que hemos venido atendiendo con este tipo de circunstancias, propiamente por la coordinación que se ha venido haciendo con el aeropuerto y la policía aeroportuaria”, explicó Alejandro Araya, fiscal adjunto de Alajuela.
En la terminal de Liberia también se detectaron viajeros que presentaron pruebas negativas falsas o alteradas.
Entre el 9 de junio y el 30 de agosto, 21 personas terminaron en la Fiscalía de Liberia por cometer el delito de uso de documento falso.
“Finalmente, los imputados, en su mayoría, se han sometido al Instituto de la suspensión del proceso aprueba, es aquella oportunidad que tienen los imputados de realizar una serie de condiciones para no enfrentar todo el proceso judicial.
“Esto nos permite que podamos dotar a instituciones de beneficencia, de insumos que les sirve para el desarrollo de sus actividades”, agregó Araya.
La mayoría de personas sorprendidas con las pruebas falsas son procesadas bajo la ley de flagrancia, muchas realizan acuerdos de reparación de daños como donaciones a obras de caridad para poder cerrar sus casos y seguir hacia sus destinos.
La Fiscalía advierte que, si alguien es sorprendido cometiendo este delito, se expone a penas que van desde uno hasta seis años de prisión.
