¿Por qué muchos presos liberados tras la normativa del gobierno de Ortega se oponen a la misma?
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el sábado con carácter de urgencia una Ley de Amnistía que está siendo cuestionada por una parte de sus potenciales beneficiarios
Podría haber sido una buena noticia pero, en realidad, a muchos les deja un sabor de boca amargo.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el sábado con carácter de urgencia una Ley de Amnistía que absuelve a todas las personas que han sido señaladas de haber cometido delitos durante la grave crisis política que ha vivido ese ese país desde abril de 2018.
Y, en consecuencia, este martes fueron liberados 56 de ellos, entre los que se encuentran algunos de las principales figuras de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Según informaron medios locales, entre los liberados están los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
El Ministerio de Gobernación, por su parte, explicó en una declaración que el Ejecutivo ordenó la liberación de un grupo de personas que estaban en prisión "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública".
Muchos de los liberados, sin embargo, se mostraron en contra de la Ley, por considerar que dejará impune la represión gubernamental.
Las protestas
Y es que desde que en abril del año pasado se inició una ola de protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, al menos 325 personas han perdido la vida en Nicaragua, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Activistas locales aumentan el número de muertos a 594, mientras que el gobierno ubica esta cifra en 199.
Como consecuencia de ese mismo periodo convulso, hasta el fin de semana permanecían detenidas unas 221 personas consideradas por la oposición y por organismos de derechos humanos como "presos políticos". El gobierno de Ortega les define como individuos "acusados por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública" y reduce la cifra a 142.
El Ejecutivo nicaragüense considera que las protestas formaron parte de un intento de golpe de Estado.
La Ley de Amnistía fue aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional, conformada por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y su promulgación permitió ya que este lunes fueran liberadas unas 50 personas.
El presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Porras, dijo en declaraciones a una televisora local que la norma es una contribución para garantizar la paz en el país y avanzar hacia la reconciliación.
Inocentes y culpables
"Rechazamos enérgicamente la Ley de Amnistía", dijo en un comunicado el CPLPP, que agregó que esa legislación no la necesitaban ni la habían solicitado.
"El pueblo no pidió amnistía porque nuestros hijos no son culpables de ningún crimen. Demandamos la libertad total de todos y todas", apuntó en el texto divulgado el mismo sábado.
La organización fundamentó su rechazo a Ley de Amnistía por que consideran que esta permite que queden impunes los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, así como por los grupos de civiles armados que apoyaron al gobierno sandinista, durante la represión de las protestas contra Ortega.
La Ley de Amnistía ampara a todas las personas que se encuentran cumpliendo sentencias pero también a las que están siendo investigadas e, incluso, a quienes aún no están bajo investigación.
Eso aplica tanto para opositores como para defensores del gobierno de Ortega o funcionarios de los cuerpos de seguridad.
La norma incluye todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, e instruye a las autoridades a cerrar todos los procesos administrativos y penales, así como a detener la ejecución de sentencias, dejando en libertad de forma inmediata a los detenidos.
La oposición nicaragüense argumenta que esta ley no favorece a los "presos políticos".
"Nosotros rechazamos esa ley de autoamnistía porque ellos (el gobierno) en lo que están pensando es en la impunidad de las personas que torturaron y que mataron a nicaragüenses por ejercer su derecho a la protesta", dijo Daniel Esquivel, portavoz del CPLPP, a BBC Mundo.
La norma, además, contiene una cláusula de reincidencia que permitiría revocarles el beneficio si vuelven a incurrir en acciones como las que llevaron a su detención.
"Ninguno de nuestros secuestrados políticos o reos de conciencia necesita una amnistía porque no han hecho nada y la libertad no se condiciona porque todos son inocentes", agregó Esquivel.
Edwin Román, uno de los sacerdotes de Masaya, una ciudad del sureste del país donde la represión fue muy dura, cuestionó esta ley por no hacer justicia a las víctimas.
"La Ley de Amnistía es una burla para el pueblo nicaragüense que nadie cree. Qué los criminales paguen por sus crímenes", dijo en declaraciones reseñadas por EFE.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lamentó la forma expedita en que fue aprobada la Ley de Amnistía pues consideró que este tipo de instrumentos jurídicos merecen una cuidadosa discusión, aunque celebró el anuncio de las excarcelaciones.
"Que salgan todos los prisioneros es una alegría para las familias", dijo el domingo el prelado.
Libertad condicionada
El lunes, el gobierno de Nicaragua informó que en cumplimiento de la Ley de Amnistía se había procedido a la liberación del primer grupo de 50 personas detenidas "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública" y anunció que prepara otras liberaciones.
Las autoridades dijeron que contaron con el apoyo de observadores de la Cruz Roja Internacional durante la liberación de los detenidos, que fueron trasladados a sus casas durante la madrugada.
Para algunos de los beneficiados, sin embargo, la recuperación de la libertad no fue suficiente.
Uno de ellos, Hansell Vásquez, un estudiante que llevaba 11 meses detenido por su participación en las protestas, manifestó su malestar con la Ley de Amnistía, a la que calificó como "decepcionante".
"Es muy triste, porque nosotros como presos políticos no necesitamos una amnistía para salir. Sin embargo, el gobierno sí la necesita para intentar tapar todos sus crímenes de lesa humanidad", dijo este lunes en declaraciones a la prensa local.
Vásquez calificó como "inconstitucional" la norma por cercenar el derecho a manifestar.
"Te liberan pero te dicen que si volvés a protestar, si volvés a ejercer tu derecho constitucional, vas preso; por tanto, es una ley inconstitucional. Entonces, como presos políticos, nos ponemos a pensar que estamos libres de la cárcel pero estamos presos en un país que está secuestrado", aseguró.
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