POR Paulo Villalobos | 22 de junio de 2024, 13:28 PM

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública suspendió por dos meses al director general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) mientras se le reubica en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos.

La información la confirmaron a Teletica.com la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el abogado del funcionario de apellido Álvarez, Francisco Jiménez, a cabo de una audiencia celebrada la mañana y tarde de este sábado en la sede del órgano jurisdiccional, en Goicoechea.

También se le dictó impedimento de salida del territorio nacional y obligación para mantener domicilio fijo por lo que resta de la investigación.

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Respecto a la suspensión del cargo, el jurista explicó que será una autoridad administrativa la que decida si es con o sin goce de salario. Aunó que, durante el plazo, la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) deberá determinar un puesto de la misma categoría para reubicarlo por lo que resta del proceso.

Es por esas mismas razones que la defensa decidió no apelar lo resuelto, de acuerdo con Jiménez.

Aunque evitó referirse por el fondo a los hechos por los que se investiga a Álvarez, el abogado destacó que la valoración que hizo el Juzgado Penal, una vez que conoció el contenido del expediente 21-011218-0042-PE, reflejan una dimensión distinta a la que hasta ahora han proyectado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al director, así como dos de sus subalternos de apellidos Quirós y Gutiérrez, se les investiga por presuntamente incurrir en actos de corrupción, al conceder aparentes beneficios indebidos en trámites de vialidad ambiental.

Jiménez se limitó a decir que los otros dos servidores descontarán las mismas medidas cautelares que su cliente.

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Contra estos tres, el Ministerio Público pretendía las disposiciones de suspensión del puesto, firma mensual en sede judicial, obligación de mantener domicilio fijo, impedimento de salida, entregar de los pasaportes, prohibición para comunicarse con testigos e impedimento para acercar a un kilómetro de las oficinas de la Secretaría Técnica Ambiental.

El jurista prefirió no hacer referencia a las medidas dictadas contra un empresario de apellido Murillo, quien también figura en la sumaria en cuestión.

Sin embargo, el Poder Judicial detalló que en su contra se ordenó una prohibición para realizar contratos o gestiones con la Secretaría Técnica Ambiental.