Diputados logran, 18 años después, reconocer el acceso al agua como un derecho humano
Este miércoles tuvo lugar la histórica votación que permitirá incluir el agua en la Constitución Política como un bien de la nación.
Con la votación unánime de 49 diputados la Asamblea Legislativa consiguió este miércoles reconocer el acceso al agua como un derecho humano y protegido entonces por la Constitución Política.
Se trata de una reforma constitucional histórica que consiguió el aval de los 57 legisladores en su propuesta y discusión y que permitirá incluir al preciado líquido como un bien de la Nación.
A partir de ahora al artículo 50 de la Constitución agregará el siguiente párrafo:
“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Además, incluirá un transitorio nuevo:
“Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua”.
La reforma reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental tanto en calidad y cantidad y lo vincula directamente a otros derechos humanos como la vida y la salud.
Además, establece que el agua siempre tendrá prioridad para el consumo humano antes que cualquier otra actividad.
El tercer punto es la definición del agua como un bien de la Nación.
Actualmente la Constitución protege bienes como los hidrocarburos, los yacimientos de carbón, las fuerzas hidroeléctricas o el espectro radioeléctrico, pero no contempla el agua. Eso cambiará con esta reforma.
Largo camino
Los diputados celebraron el acuerdo que puso fin a 18 años de discusión en la corriente legislativa, desde que en 2002 los entonces legisladores propusieron declarar el agua como un bien de dominio público, una iniciativa que finalmente fue bloqueada por la propia Asamblea con una importante cantidad de mociones.
El proyecto fue retomado en 2006 por el entonces diputado José Merino del Río (qepd) con una reforma que por primera vez habló de la posibilidad de incluir el acceso al agua como un derecho humano y protegido entonces constitucionalmente.
Esa propuesta tampoco logró ver la luz.
Sin embargo, la reforma actual retomó todas esas iniciativas previas y lo sometió al consenso legislativo y la revisión de los diferentes entes, logrando así conseguir la firma de todos los diputados.
“Hoy es un día feliz en este plenario legislativo, la culminación de una lucha de décadas y la inclusión de una reforma constitucional sustantiva, profunda, que a quienes más protegen es a esos costarricenses que no han nacido todavía, a quienes se les busca garantizar la vida, salud y otros derechos básicos protegiendo la riqueza más importante que tiene Costa Rica”, dijo el frenteamplista José María Villalta, principal impulsor de esa reforma.