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La reducción en el plazo de retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es reconocer el daño potencial que el proyecto que se discute en la Comisión de Hacendarios significa para los contribuyentes y sus pensiones.

Así lo reconoció este miércoles la diputada del Partido Acción Ciudadana Laura Guido, precisamente la proponente de ese texto sustitutivo.

Ella fue una de seis diputados de la comisión que firmaron a favor del cambio, que entre otros reduciría de 2035 a 2023 el plazo en que los pensionados podrían retirar, en un solo tracto, su pensión complementaria.

“Queremos que si va a haber un cambio que no sea uno tan perjudicial, lamentablemente en política una puede tomar la decisión más consecuente y morir con las botas puestas, pero muere. Y aquí es cómo sobrevivimos a una discusión para que en la medida de lo posible podamos crear acuerdos para que el daño que se provoque no sea letal”, reconoció la legisladora.

El único diputado de la comisión legislativa que se opuso al cambio fue Eduardo Cruickshank, precisamente el proponente original de la iniciativa.

Según Guido, el legislador de Restauración Nacional inicialmente iba a ser quien presentara la nueva propuesta, pero su apoyo estuvo condicionado a dictaminarlo el mismo martes.

“Lo que hemos ido es cambiando el tamaño del mordisco, al principio era muy grande, luego se redujo un poquito y ahora otro poco. Pero estamos claros que a final de cuentas estas modificaciones al proyecto de ley lo que reflejan es que el principio básico sigue siendo el mismo, estamos violentando la naturaleza del régimen de pensiones. Por mucho antes y menos ahora, pero el pecado sigue siendo el mismo”, añadió el director de la Oficina del Consumidor Financiero, Danilo Montero.

Responsable

Laura Guido aceptó que la discusión del proyecto no se ha hecho bajo un marco de responsabilidad, sino más bien atendiendo intereses populistas.  

“Esta discusión no ha estado en un marco de responsabilidad, pensando en el efecto futuro, sino concentrada en los beneficios en el corto plazo.

“Es una discusión popular porque este país tiene una gran crisis de endeudamiento y la gente tiene una necesidad por ver plata, esto hay que atenderlo y atenderlo bien, yo no creo que esta va a ser la solución ni la llave para dinamizar la economía, porque el riesgo es que a futuro a esta gente no le alcance”, afirmó.

Esa precisamente ha sido la tesis recurrente de los detractores del proyecto, que insisten en que el ROP nunca se pensó como un ahorro y que el tico, en términos generales, no está preparado para gestionar de manera responsable los fondos de su pensión.

El proyecto detalla la posibilidad de que personas con enfermedades terminales o graves, o bien aquellas con pensiones muy bajas, sí puedan retirar el dinero en un solo tracto. Sin embargo, aún no se tienen números definitivos sobre qué porcentaje del régimen representarían estos casos, ni tampoco aquel que podría retirarlo hasta 2023.

“No tenemos los números finales, Supén está manejando un número preliminar. Si la cantidad o los montos es muy pequeña este esfuerzo no vale la pena, pero si el monto sigue siendo grande nuestro argumento sigue siendo válido. Habría que ver números oficiales para poder entender el daño, que sería menor claro, pero seguiría siendo un daño”, finalizó Montero.