Una de cada cinco personas en prisión en Costa Rica está a la espera de juicio

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, al 1° de mayo anterior la población total de personas privadas de libertad en el país era de 15.573, de las cuales 3.413 descuentan prisión preventiva.

Eso significa que prácticamente uno de cada cinco detenidos en el sistema judicial costarricense está a la espera de un juicio.

Pese a lo elevado que pueda parecer esa cifra, Costa Rica es uno de los países de América Latina con el índice más bajo de población bajo esta medida cautelar (casi 22%).

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2017 señaló que el promedio de personas en prisión preventiva para la región era de 36.3%, con países incluso superando el 60%.

Esa realidad, según el propio informe, responde a una aplicación “arbitraria e ilegal” de la medida, pensada como recurso último para garantizar el proceso de justicia.

“Un estudio de la Universidad Nacional y otros posteriores han subrayado en reiteradas oportunidades que en Costa Rica la prisión preventiva no siempre se aplica por las razones que el Código Procesal Penal establece, sino muchas veces por miedo a la prensa, al señalamiento público o a investigaciones internas por un mal proceder de los jueces.

“El problema es que los propios datos que maneja el Ministerio de Justicia reflejan que a muchas de esas personas se les termina cambiando esa prisión preventiva por otras medidas cautelares menos restrictivas, evidenciando así que la prisión no era una necesidad o una prioridad”, explicó el exministro de Justicia, Marco Feoli.

Según Feoli, esa aplicación antojadiza e incorrecta de la ley es también uno de los grandes causantes del hacinamiento en las cárceles de Costa Rica y la región.

“Eso es parte del problema sin ninguna duda. Ese ir y venir de personas entre los diferentes centros es un problema para ellos, el centro y también para los mismos reclusos. Es generar hacinamiento en muy poco tiempo.

“A eso súmele también los costos añadidos que tiene que asumir el Estado, el traslado, alimentación y manutención de personas que muchas veces terminan simplemente firmando cada 15 días o entregando su pasaporte”, afirmó el exministro.

Feoli explicó que en la cárcel de San Sebastián, por ejemplo, el 40% de los recluidos por prisión preventiva salían a los tres meses.

“¿Por qué se hace ese uso de la prisión preventiva, que debería ser la última instancia, con esa ligereza? Ese sin duda es uno de los grandes desafíos que tienen fiscales y jueces y el propio Ministerio Público, poder cambiar esa costumbre tan arraigada”, añadió.

Problema estructural

La CIDH señaló en su informe que el uso excesivo de la prisión preventiva en la región es un problema estructural inaceptable en una sociedad que respeta el principio de presunción de inocencia.

Entre sus recomendaciones, la Corte subraya que debe dejar de utilizarse la prisión preventiva como una herramienta de control social o de pena anticipada; sin embargo, acepta que uno de los principales obstáculos para lograr esto es que la medida cautelar ha venido a apoyar la tendencia generalizada del encarcelamiento como respuesta a la inseguridad ciudadana.

“La inseguridad ciudadana es un grave problema en la región y la población tiene derecho a exigir que se tomen medidas para resolverla, pero está demostrado que las políticas de mano dura no solamente son violatorias de los derechos humanos de las personas, sino que además resultan ineficaces para garantizar la seguridad ciudadana”, señaló el comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren.

La CIDH utiliza a manera de ejemplo el consumo y tenencia de drogas para uso personal y otros delitos menores relacionados que hoy son calificados por la mayoría de las legislaciones como graves, imponiendo así de manera automática la prisión preventiva y agravando el problema del hacinamiento carcelario en la región.