Por Teletica.com Redacción |8 de noviembre de 2018, 5:34 AM

Por Laura Castro del proyecto Punto y Aparte.

María sufrió la violencia en carne propia. Temió por su vida más de una vez. Fueron años de dolor y agonía. Ella sabía que su esposo no la amaba, que para él, ella solo era una “sirvienta”, como muchas veces en medio de golpes se lo hizo saber.
 
“Era una relación enfermiza...pero a la vez hay una dependencia. Como que se vuelve un círculo vicioso y es muy difícil salir de ahí. Él me decía ‘váyase, si es que sale viva’, ¿cómo me iba a ir? Salí porque me escapé. Salí porque me apoyaron”, relató.

La violencia machista en contra de las mujeres, no es cosa del pasado. Está presente en el día a día, en todos los espacios donde ellas se desenvuelven. 

Es más bien una problemática latente que ya se planteó como emergencia nacional, en gran medida, gracias a los esfuerzos de la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Patricia Mora Castellanos.
 
“No podemos pensar que vivimos en una sociedad decente si tenemos las cifras de violencia contra las mujeres que hoy tenemos. Esos indicadores debemos de bajarlos, intentar erradicarlos. 

"Debemos de saber que una mujer violentada, es una mujer que está sufriendo un menoscabo de sus derechos y de su integridad como ser humano y que como tal, la sociedad costarricense está también siendo afectada”, aseveró la ministra.
 
De acuerdo con Xinia Fernández Vargas, de la Secretaría Técnica de Género con el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, dicha violencia tiene origen en los modelos de sociedad patriarcales. 

Estos han construido una diferencia abismal de relaciones de poder entre hombres y mujeres, y es esa relación la que propicia una visión de las mujeres como objetos que le pertenecen a los hombres.
 
No todas las víctimas tienen el mismo desenlace que tuvo la historia de María. 

En muchos casos, el ciclo de violencia culmina con los femicidios: el asesinato de mujeres por su condición de serlo.
 
En el país se establece el femicidio según el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVM)​​, que sanciona con una pena de 20 a 35 años de cárcel a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio o unión de  hecho.

El​ femicidio ampliado sanciona las muertes violentas de mujeres en razón de su género, y en las que no había una relación conyugal o de unión libre.
 
Al 23 de octubre, el Poder Judicial contabilizaba 18 femicidios confirmados este año: 13 femicidios Artículo 21 y 5 femicidios ampliados.

Catorce de estas 14 de estas mujeres eran madres y 3 estaban embarazadas; ​7 de ellas tenían apenas 20 años o menos.
 
Cada una de las víctimas es diferente y cada caso es distinto. Sin embargo, Ana Carcedo Cabañas, del C​entro Feminista de Información Acción, aseguró que los asesinatos de mujeres muy jóvenes son un fenómeno creciente en el país.
 
“Además los cometen hombres que son mucho mayores que ellas. Entonces esto es un riesgo muy muy alto en toda la región  centroamericana, pero en Costa Rica la tenemos que atender con carácter de urgencia, porque sino se van a disparar estos femicidios y va a ser muy difícil luego volver a controlarlos”, aseguró la investigadora feminista.
 
En el 2016, los femicidios de mujeres menores de 20 años asesinadas por su pareja o ex pareja, significaron un 4% de los femicidios totales. Para el 2017, ese número subió a un 19%.

 Este año, según datos con corte el 23 de octubre, las muertes de estas mujeres representaban el 39% de los casos.
 
El riesgo aumenta cuando las mujeres son menores
 
Muchas de estas relaciones inician como relaciones impropias. Es decir, vínculos entre una persona adulta y una persona adolescente. 

En estas circunstancias, ellas se encuentran en una posición de subordinación no solamente por su género, sino por su edad, lo que agrava el desbalance de poder.
 
Según la Ley de Relaciones Impropias, que entró en vigencia el 13 de enero de 2017, se trata de una relación impropia cuando la persona menor de edad tiene entre 13 y 15 años y la persona adulta es al menos 5 años mayor, o bien, cuando la persona menor de edad tiene entre 15 y 18 años y la persona adulta es al menos 7 años mayor.

Más información en el reportaje adjunto a esta nota.