El Gobierno judicial tiene importantes limitaciones para atender la demanda de eficacia y transparencia -entre otras razones- de la "jerarquía vertical que concentra la toma de decisiones políticas y administrativas en la Corte Suprema de Justicia".

"Incluso, a nivel de 'microadministración', cuya gestión queda desbordada en un marco de amplia dispersión territorial, diversidad de materias, órganos auxiliares que tienen distintos niveles de autonomía y crecientes recursos humanos y financieros".

Esta es una de las conclusiones más destacadas del Segundo Informe Estado de la Justicia, realizado por el Programa Estado de la Nación en convenio con el propio Poder Judicial y con base en datos del 2015.

El reporte destaca dificultades importantes en cuanto a la concentración del poder político y que pone en riesgo la independencia judicial interna.

Destacan, entre otras, el hecho de que la Corte concentra importantes funciones de gobierno y gestión administrativa (presupuesto, nombramientos y sanciones) y los magistrados son los mismos que presiden consejos y comisiones de trabajo.

Pero hay otro problema -que se refleja incluso en que los casos tramitados en las diferencias dependencias no se resuelvan con celeridad- de considerable importancia: la falta de trazabilidad, calidad y oportunidad de la información.

"A pesar de que las estadísticas judiciales de Costa Rica están entre las más robustas de América Latina, los distintos sistemas de información del Poder Judicial tienen problemas de calidad y oportunidad, no se alimentan adecuadamente por lo que están incompletos, no se comunican entre sí para comparar temas y aún no generan reportes que permitan el seguimiento en tiempo real. Todo lo cual limita y demora la toma de decisiones basadas en evidencias", explica el documento.

Aún más delicado lo explica en el siguiente párrafo: "Con estas condiciones actuales, el Poder Judicial tiene dificultades para conocer el tipo de respuesta que brinda a la ciudadanía y debe limitarse a datos de flujo (ingresos, egresos, promedios), que no dan cuenta de todo su trabajo".

Otros problemas reflejados en este reporte:

- La Comisión de Nombramientos del Congreso elige aspirantes a la magistratura sin estándares de selección internacionales aplicables a estos procesos y con escaso escrutinio público, a contrapelo de la demanda ciudadana por una mayor transparencia.

- Los órganos que conforman el gobierno del Poder Judicial en Costa Rica tienen un alcance muy amplio (OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública, Sala Constitucional, entre otros), pero en las funciones de administración y disciplina, los responsables enfrentan un creciente volumen de trabajo, por la complejidad y el tamaño del conglomerado judicial y la diversificación de la demanda desde la ciudadanía.

- Un pequeño porcentaje de las denuncias -contra el personal judicial- termina con una sanción efectiva en el 2015: un 15% en el Tribunal de la Inspección Judicial, un 18% en la Inspección Fiscal del Ministerio Público, un 13% en la Oficina de Asuntos Internos del OIJ y un 27% en la Unidad Disciplinaria de la Defensa Pública.

- Hay diferencias entre sedes de mayor productividad y otras de menor productividad, que se refleja por disparidades en la distribución de capacidades y recursos.