La Sala Constitucional resolvió, este martes, que la nueva versión de la “Ley Jaguar” tiene vicios en dos de los tres artículos consultados.
Se trata del segundo fracaso en apenas dos meses del proyecto estrella del gobierno de Rodrigo Chaves: la polémica propuesta de llevar a referendo reformas a leyes que hoy representan trabas a los intereses del Poder Ejecutivo.
Los magistrados determinaron, por unanimidad, que existen vicios de constitucionalidad en los artículos 4 y 5 del proyecto de ley.
El cuarto es una modificación en el artículo 67 de la Ley General de la Contratación Pública, sobre la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
Respecto al quinto, se trata de una variación del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para admitir que esta incluya bienes inmuebles propiedad o bajo administración de partes en alianzas estratégicas.
El tercer artículo consultado era el numeral dos del proyecto, referente a un cambio en el ordinal 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) para que esta no pueda “sustituir o abarcar” asuntos que corresponden a las competencias de la administración.
En este, los magistrados resolvieron, por mayoría, que no contiene ningún vicio de inconstitucionalidad.
Segundo revés
La Sala ya había encontrado vicios el pasado 29 de julio, en la primera versión del proyecto, cuando determinó que los cuatro artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones tenían roces con la Constitución Política.
Por eso, apenas un día después, Chaves y su gabinete presentaron esta segunda versión, que excluyó los artículos cuestionados y dejó los restantes bajo la premisa, errada, de que al no haberse pronunciado sobre los demás estos ya eran constitucionales.
La nueva consulta, planteada por el TSE y la Contraloría General de la República y agrupada en una sola, se dirigió contra los numerales 2, 4 y 5.
Con esa resolución, y los ajustados plazos legales para un referendo, es ahora prácticamente imposible que la intención del Poder Ejecutivo se materialice.