¿Hay criterio técnico para excluir a China de tecnología 5G? UCR se pronuncia

El Convenio de Budapest no constituye un criterio técnico para el desarrollo tecnológico.

Esa es la principal conclusión a la que llegó el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica, en su Informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

“El documento advierte que el Convenio de Budapest no constituye un criterio técnico para el desarrollo tecnológico y que se trata de un instrumento internacional creado para tipificar delitos informáticos, facilitar su investigación y orientar a los países en la regulación de los ciberdelitos. Su uso además expone al país a dinámicas geopolíticas en favor de uno u otro actor internacional”, dijo el Prosic.

Esa conclusión es relevante porque ese es el principal sustento para el decreto que el Gobierno de Rodrigo Chaves y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) defienden sobre el desarrollo de tecnologías 5G en el país.

El cuestionado decreto excluye a los proveedores de equipos de telecomunicaciones y sistemas de transmisión de los países que no han ratificado el convenio, incluidos todos los provenientes de China.

“Esto ha llevado a discusiones sobre la necesidad de asegurar la neutralidad tecnológica en el desarrollo de la tecnología 5G con el fin de evitar la discriminación, garantizar la imparcialidad en la selección de productos/servicios y garantizar condiciones que permitan la libre competencia”, comentó Valeria Castro, investigadora del Prosic.

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El documento incluye un seguimiento a los avances que se están llevando a cabo en Costa Rica para impulsar el desarrollo de la tecnología 5G y evidencia que la publicación del reglamento “ha generado una importante respuesta de diversos sectores (diputados, gremios empresariales, organizaciones sindicales y expertos en telecomunicaciones) señalando que el mismo afecta el régimen de competencia y el principio de neutralidad tecnológica, ambos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley N°8642)".

Además, considera que, con este, “el país podría verse expuesto a dinámicas geopolíticas en favor de uno u otro actor internacional”.

El Prosic cuestiona que, pese a la importancia del tema, los sectores empresariales y las cámaras del sector TIC y de telecomunicaciones no fueron consultadas para la emisión del reglamento, “lo cual llevó a que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) cuestionara el Decreto y sus implicaciones en el mercado de las telecomunicaciones”.

“Al respecto, expertos citados advierten que el reglamento presentado por el Ejecutivo podría estarle atribuyendo al Micitt potestades que la Ley de Telecomunicaciones le da a la Sutel”, añade.

El informe cuestiona que esta discusión se traduce en demoras de meses e incluso años en la disponibilidad de esta tecnología en el país.

“La decisión debería ser técnica, no obstante, en el país ha adquirido un tinte político; posicionando a Costa Rica como un escenario más en la guerra comercial entre las grandes potencias y que a su vez le está costando una mejor solución al país para el establecimiento de las redes 5G”, concluyó Alejandro Amador Zamora, coordinador del Prosic.

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