Diputados eliminan monto mínimo y allanan ruta para perseguir capitales emergentes

Luego de meses de discusión, los diputados finalmente acordaron la ruta de consenso que seguirá el proyecto de ley para perseguir el enriquecimiento ilícito, conocido popularmente como “capitales emergentes”.

Se trata del expediente 22.834, una de las iniciativas que arrojó la mesa de seguridad y que busca darles a las autoridades las pautas para perseguir cualquier incremento de capital sin causa lícita aparente.

El último punto de discordia era la pretensión de algunos legisladores de establecer un monto mínimo a partir del cual convertir en sospechosos esos incrementos.

La propuesta original era de $50 mil y posteriormente se redujo hasta los $10 mil, sin embargo, la tesis de la mayoría y de expertos consultados es que cualquier monto definido debía tener un sustento técnico, pues de lo contrario sería antojadizo.

Además, el establecimiento de límites abriría portillos para que las organizaciones criminales distribuyan esos dineros ilegales sin sobrepasar el monto, evitando la persecución del delito.

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Los otros cambios, que ya se habían acordado en junio pasado, pero ahora quedan plasmados en el nuevo texto, pasan también por aclarar que solo el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares (como el congelamiento de los bienes) una vez presentada la denuncia, mientras que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Contraloría General solo podrán participar como coadyuvantes.

El texto original planteaba que esas tres entidades pudieran denunciar y solicitar medidas, lo mismo que el Ministerio de Hacienda.

Otro punto clave es que quedó claro que, en el caso de que se pidan medidas cautelares, se podrá tener un espacio de tres días para apelar y tener audiencia entre las partes involucradas antes de la resolución final. Esa solicitud no suspenderá el proceso ni la medida cautelar dictada.

También se acordó eliminar la posibilidad de que el ICD tome posesión de los bienes incautados y disponga de estos incluso antes de que exista una sentencia en firme.

Con todos esos cambios, el texto fue enviado a consulta de varias entidades, entre otras la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y diferentes ministerios.