Los representantes de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. deberán explicarles a los diputados de Cartago la decisión de renunciar a la construcción del nuevo hospital en la provincia.
Así lo adelantaron los representantes de la comisión brumosa, que lamentaron este jueves esa situación y apuntaron contra el Poder Ejecutivo por sus sospechas de una posible persecución política desde Zapote.
“Esta noticia es un durísimo golpe contra la salud de los cartagineses, de las personas de la Zona de Los Santos, pero también de la seguridad social del país. Estamos ante un escenario muy peligroso, donde se nota y se puede percibir amedrentamiento y persecución política hacia una empresa”, aseguró el frenteamplista Antonio Ortega.
La decisión, conocida esta mañana por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, supone un revés enorme en las aspiraciones cartaginesas por tener un nuevo hospital ante el colapso del Max Peralta, una discusión que ya suma más de una década y que se pensaba concluida tras la adjudicación en firme para su construcción.
La Comisión de Cartago, uno de los órganos que más presionó por llevar adelante ese proyecto en contra de la visión y cuestionamientos de la administración Chaves Robles, analiza mociones para que, además de los representantes de la constructora, también se citen a las autoridades de la CCSS, el Ministerio de Salud e incluso el embajador de México.
En su decisión, la constructora explicó que el clima político en torno al proyecto genera una incertidumbre que justifica su postura.
"La incertidumbre derivada del clima político en torno al proyecto y la falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar el mismo conforme a lo originalmente previsto constituye un verdadero caso fortuito, que se traduce en una causa justificada para dejar sin efecto nuestra propuesta y un eximente de responsabilidad", subraya el oficio suscrito por el representante legal de la empresa, Francisco Obando.
Los legisladores argumentaron que no es posible que la postura del Poder Ejecutivo atente contra la seguridad jurídica del país y su estabilidad política.
La comisión sesionará la próxima semana y será ahí donde discuta y vote las mociones presentadas.