Congreso impone su voluntad y resella proyecto para salir de lista negra

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 38 votos, el resello del proyecto de ley para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, popularmente conocida como lista negra.

Legisladores del PLP, PUSC, PLN y NR se unieron en bloque para conseguir imponerse al veto parcial que el Poder Ejecutivo le dio a la propuesta el pasado 14 de setiembre, cuando el presidente Rodrigo Chaves alegó razones de “oportunidad y conveniencia, pero sobre todo de conciencia patriótica”, para no firmar la iniciativa.

Ese bloque consiguió el respaldo mínimo que la ley les exigía para ignorar el veto y obligar a Chaves a firmar la ley que reformará la manera en que se cobran las rentas pasivas extraterritoriales en el país.

Se consiguió, además, con el inesperado voto de Luz Mary Alpízar, oficialista del PPSD.

“Hay triunfos para algunas bancadas que significan derrotas para un país; pueden celebrar, en el corto plazo, el daño que se hace en el mediano y largo plazo al país”, lamentó el frenteamplista Jonathan Acuña, quien encabezó junto a su bancada y el oficialismo la oposición al proyecto.

El debate estuvo marcado, como no podía ser diferente, por las enormes diferencias entre ambos bandos sobre las implicaciones que tendrá la ley aprobada.

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Paso a paso

La Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes desde inicios de este año, por un vacío en la legislación tica que permite a empresas extranjeras radicadas en el territorio nacional no pagar impuestos sobre los rendimientos que tengan sus inversiones en el extranjero.

Esto, desde la óptica de ese grupo de países, significa una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos en su país de origen ni tampoco en Costa Rica.

Así, la solicitud al Gobierno es que gravaran todas esas rentas, o bien, gravara solo a las empresas sin sustancia económica o “empresas de papel”. Este último fue el camino tomado por una mayoría del Congreso.

El problema fue que, con esa salida, los diputados también abrieron un portillo para que esas empresas ticas que invierten en el extranjero dejaran de pagar un impuesto al que hoy están obligadas, pues al obligar solo a las de papel, se deja por fuera a todas las demás.

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La tesis de esa mayoría de diputados es que, aunque existan resoluciones de la Sala Constitucional y la Sala Primera en ese sentido, es el Congreso el encargado de formular y aprobar leyes, por lo que la territorialidad del impuesto de la renta debería apegarse solo a Costa Rica.

“El objetivo del proyecto nunca fue darle más herramientas a Hacienda para cobrar, el único objetivo era salir de la lista negra de la Unión Europea, no buscábamos meter más impuestos, esto no fue ningún golazo. Aquí hay dos caminos, fortalecer la territorialidad o respaldar lo que dijo la Sala Constitucional y lo que dijo la Sala no es vinculante para la creación de la ley y podemos nosotros, como diputados, cambiar eso, eso es lo que estamos haciendo hoy, fortaleciendo la territorialidad”, dijo hoy la socialcristiana Daniela Rojas, proponente del proyecto.

El Ministerio de Hacienda, el Frente Amplio, el PPSD y el propio Chaves son de la teoría que el Congreso le está haciendo “un favor” a grandes empresas que hoy están obligadas al impuesto, pero que dejarán de estarlo a partir de esta ley.

Esa decisión, en el cálculo de Hacienda, le costará al país un golpe inicial de ₡61 mil millones de manera inmediata y alrededor de ₡10 mil millones por año a futuro.

“Ustedes están metiendo un gol absolutamente innecesario y ese gol va a afectar fuertemente a las clases más pobres de este país. Por el momento son ₡61 mil millones los que se van a perder, pero cada año van a ser 10 mil millones más.

“Lo que ustedes están tratando de hacer ahora es darles un salvavidas a esos poquitos ricos y tratar de hundir más y más a los muchos pobres que tenemos en este país”, dijo sin éxito la oficialista Pilar Cisneros.

Con esta decisión, el proyecto regresará a Zapote, donde tendrá que ser firmado por el presidente Rodrigo Chaves sin ninguna oportunidad de objeción.

La propuesta ya está en manos de la Unión Europea para su revisión. La decisión final se tomará a mediados de octubre próximo.

Con el de hoy, ya son cuatro los resellos que el actual Congreso le ha hecho a vetos del presidente Chaves, que está a solo uno de igualar la marca histórica del expresidente Luis Alberto Monge, quien luego de cuatro años de mandato recibió cinco.