Jaque al Ejecutivo: Congreso aprueba proyecto para salir de lista negra
Presidente Rodrigo Chaves deberá ahora elegir entre vetar la propuesta o firmarla a pesar de su eventual daño a la hacienda pública.
La Asamblea Legislativa aprobó esta noche en segundo debate el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea.
La decisión pone en jaque al Gobierno de Rodrigo Chaves, que ahora deberá elegir entre vetar la propuesta o firmarla pese a su eventual daño a la hacienda pública.
La solución aprobada para salir de esa lista de países no cooperantes o paraísos fiscales fue gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) a entidades no calificadas o “empresas de papel”; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).
Ese camino fue apoyado por diputados de Liberación Nacional, el Liberal Progresista, la Unidad Social Cristiana y Nueva República.
Sin embargo, el Ejecutivo y diputados oficialistas y del Frente Amplio sostuvieron, sin éxito, que el cambio aprobado incluyó “un favor” a un grupo de grandes contribuyentes que generan rentas pasivas por inversiones en el extranjero.
La disputa se origina por un fallo de la Sala Constitucional en octubre de 2022 que respaldó la interpretación de la Sala Primera de permitirle a Hacienda cobrar impuestos sobre esos rendimientos a empresas con operaciones económicas en Costa Rica (que no son de papel) y que invierten en el extranjero.
Este cambio, por lo tanto, impediría al Gobierno realizar esos cobros y originaría, según Hacienda, pérdidas por $38 millones.
El problema es que, si el proyecto no se aprobaba hoy, difícilmente cumpliría con los plazos que la Unión Europea dispuso, pues la revisión de las medidas adoptadas empezará el próximo 15 de setiembre.
Lo mismo sucedería con un eventual veto.
Por eso, el presidente Chaves advirtió el miércoles que se enfrentaría a una situación de “perder – perder”, pues en esa encrucijada los ciudadanos serían los afectados.
Amplio debate
El pulso de esta tarde puso fin a un amplio debate por las diferentes visiones en el Plenario.
Por un lado, una mayoría del Congreso insistió en que la jurisprudencia de la Sala no se traduce en una ley, pues esa es una potestad de los diputados, por lo que están en su derecho de aclarar que esas rentas están fuera del cobro del impuesto.
“No es cierto que haya un impuesto en estos momentos que queramos quitar, ningún impuesto se está eliminando y, por lo tanto, no se sabe cuánto se podría cobrar. Aquí se están contando los pollitos antes de que nazcan, están imaginándose números si se cobraran un impuesto, impuesto que no se está cobrando”, insistió en el liberacionista Óscar Izquierdo.
Así, mientras la Unión Europea lo que pidió fue eliminar cualquier posibilidad de una doble no imposición (empresas que no pagan impuestos ni en Costa Rica ni en su país de origen), es el país el que debe decidir sobre su territorio.
Por eso, insistieron, el impuesto de renta es territorial, no sujeto a rendimientos en el extranjero.
En el otro extremo de la discusión, el FA y el PPSD insistieron en que la solución que pidió la Unión Europea nunca incluyó esa exoneración para contribuyentes que hoy están obligados a ese pago.
“En octubre de 2022 la Sala Constitucional concluye que las rentas pasivas que ganen empresas en Costa Rica por inversiones fuera de Costa Rica están gravadas, esa disputa quedó zanjada, están gravadas, tienen impuestos y tienen que pagar sobre esas rentas. Ese impuesto existe, están gravadas hoy”, le respondió el frenteamplista Jonathan Acuña.
El único que abrazó ambas posiciones fue el presidente del Congreso, Rodrigo Arias (PLN), que reconoció que sí puede haber una pérdida potencial en impuestos, pero que es más lo que pierde el país siguiendo en la lista negra.
“Es cierto que aprobar este proyecto puede implicar que se dejen de percibir algunos impuestos que se pretendían recibir de rentas generadas en el exterior por parte de ciertas entidades calificadas, pero eso no compensa el beneficio que tendría para el país la transparencia jurídica orientada a crear un ambiente de inversión más seguro y confiable, que promueva nuevas inversiones las cuales tienen efectos multiplicativos en la economía que son invaluables”, sentenció.
El Ejecutivo anunciará, en las próximas horas, su decisión en torno a este proyecto.
