Por Juan José Herrera |14 de septiembre de 2023, 15:50 PM

El presidente Rodrigo Chaves anunció, este jueves, el veto parcial del proyecto de ley que sacaría a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea, popularmente conocida como lista negra o paraísos fiscales.

En conferencia de prensa, el mandatario alegó razones de “oportunidad y conveniencia, pero sobre todo razones de conciencia patriótica”.

“Esta ley representa e implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda (…) Es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a gente muy adinera en este país.

“Como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirles a esos grupos poderosos no pagar de manera injusta los tributos de una nación que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo y aun así permitiría exoneraciones enormes a esos grupos”, dijo Chaves.

El jueves de la semana anterior, el Congreso había puesto en jaque al mandatario luego de aprobar en segundo debate el expediente 23.581, la solución que una mayoría del Plenario acogió para cumplir con las demandas de la Unión Europea.

El proyecto adoptó la vía de gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) a entidades no calificadas o “empresas de papel”; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).

Esa solución, entonces, también permitiría que empresas calificadas o formales que inviertan en el extranjero estén excluidas del pago de ese impuesto o tributo, una afectación que, según dijo Chaves hoy, se estima en ₡36 mil millones.

"Esta ley, como me la mandaron, lo único que va a hacer es facilitar la evasión y la elusión fiscal. Yo no tengo nada contra la riqueza, pero que sea legítima y no a costa de los ciudadanos", añadió el mandatario.

¿Por qué?

La Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes desde inicios de este año por un vacío en la legislación tica que permite a empresas extranjeras radicadas en Costa Rica no pagar impuestos sobre los rendimientos que tengan sus inversiones en el extranjero.

Esto, desde la óptica de ese grupo de países, significa una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos en su país de origen ni tampoco en Costa Rica.

Así, la solicitud al Gobierno es que gravara todas esas rentas, o bien, gravara solo a las empresas sin sustancia económica o “empresas de papel”. Este último fue el camino tomado por una mayoría del Congreso.

El problema fue que, con esa salida, los diputados también abrieron un portillo para que esas empresas ticas que invierten en el extranjero dejaran de pagar un impuesto al que hoy están obligadas.

La tesis de esa mayoría de diputados es que, aunque existan resoluciones de la Sala Constitucional y la Sala Primera en ese sentido, es el Congreso el encargado de formular y aprobar leyes, por lo que la territorialidad del impuesto de la renta debería apegarse solo a Costa Rica.

El problema con ese pulso es que la Unión Europea dejó claro que el proyecto debía presentarse este viernes 15 de setiembre, a más tardar, para iniciar con su análisis de cara a su revisión final, cuando el grupo económico decidirá si mantiene o saca al país de la lista.

El veto parcial de esta ley devolverá el proyecto hasta el Plenario para su reforma o resello; pero, en cualquier escenario, dejaría sin tiempo al país para entrar en esa revisión.

Hoy, Chaves aseguró que él conoce bien las fechas de esos análisis y que “la bola está del lado del Congreso”.

“Los diputados tienen que pensar muy bien, si hacen lo que desde mi punto de vista es lo correcto, ir el lunes a la Unión Europea y decir esto pasó. Yo tengo las fechas exactas, pero no quiero crear falsas expectativas a nadie, la bola está del lado del Congreso, ahí la tienen”, sentenció.

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