MOPT frena ampliación de ruta San José – San Ramón hasta que BCR no acepte nueva adenda

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informaron que no aprobarán el anteproyecto de la obra principal del proyecto San José – San Ramón hasta que el Banco de Costa Rica (BCR) no acepte los cambios contractuales que defiende el Gobierno.

Se trata de una tercera adenda que, entre muchas otras, pretende arrebatarle al banco (administrador del fideicomiso) la estructuración financiera y la ejecución, al tiempo que incorporaría multas por incumplimientos.

Hasta ahora, la adenda no ha sido valorada por el BCR, sino que se limitó a cuestionar la capacidad del MOPT para presentarla, según informó días atrás el ministro de Transportes, Luis Amador.

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En esa coyuntura, el Gobierno defiende que no es pertinente aprobar el anteproyecto de la obra principal mientras no se atiendan las debilidades que la misma unidad ejecutora del Conavi encontró en el proyecto y que retrató en 435 observaciones a corregir en temas como seguridad vial, funcionalidad, niveles de servicio, diseño, pavimentos, drenajes, suelos y estructuras.

“Para el MOPT-Conavi es de vital importancia lograr un acuerdo con el Banco de Costa Rica, que se materialice con la firma de la adenda y que permita seguir avanzando con este importante proyecto”, dijo la administración.

En esa misma línea, la Contraloría General advirtió que los peajes de la ruta iban a aumentar por los costos administrativos del fiduciario (BCR), que hay incompatibilidad entre el diseño de las obras impostergables y el proyecto principal, y otros problemas de indefinición y mantenimiento.

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Ante esto, el Fideicomiso respondió que las disposiciones señaladas por la Contraloría no cuestionan la planificación del fideicomiso, sino que dirige sus disposiciones a que el MOPT-Conavi emitan las aprobaciones necesarias para que el fideicomiso pueda avanzar en el desarrollo del proyecto de ampliación.

Sin embargo, el avance de las obras impostergables también queda sujeto al acatamiento de esas indicaciones, por lo que hasta que la administración no acceda, el proyecto continuará varado.

El Fideicomiso también insiste en que atender esas observaciones no es posible desde un punto de vista técnico, pues muchos de estos corresponden a decisiones propias de las autoridades de Gobierno.

Pablo Camacho, gerente de la unidad ejecutora del Conavi, explicó que algunos de estos aspectos señalados se consideran críticos, pues pueden afectar tanto el alcance como el costo, funcionalidad y seguridad de los usuarios y que en caso de no corregirse en las etapas del anteproyecto, se materializarían en el diseño, construcción y operación de la obra.