La Cámara de Empresarios del Combustible anunció, este lunes, su oposición al proyecto de ley que presentó el Gobierno para rebajar el 25% de sus ganancias como una forma de mitigar el impacto que el conflicto armado en Ucrania está teniendo en el precio de los hidrocarburos.
En conferencia de prensa, los empresarios dijeron que valoran medidas en contra de esa propuesta y que de momento “no se descarta ninguna”, refiriéndose a posibles huelgas o paralización del servicio si el Ejecutivo sigue adelante con esa idea.
“El Gobierno pretende imponer sanciones económicas, no es un proyecto para reducir el precio de los combustibles, es para generar sanciones. La confiscación, porque no puede llamarse de otra forma, de fondos al sector las justifica por ese conflicto, pero rehúsa reducir el altísimo costo que representa el impuesto único de los combustibles, este proyecto no toca eso: no renuncia el Estado a sus ingresos, pero sí golpea a los costarricenses”, aseguró el director de la Cámara, José Miguel Masís.
El empresario alegó que esa medida, además de inconsulta, atenta con el cierre de estaciones y afectaciones serias al servicio de distribución de combustibles en el país, pues los expendedores ya presentan serios problemas de flujo de caja. Esa reducción del 25% representaría dos veces su capital de trabajo, por lo que es un porcentaje inmanejable en el momento actual.
“Esta medida es reactiva e injustificada, además de que cercena el 100% de las cargas operativas, incluyendo las cargas sociales y con esto el salario de cientos de personas”, añadió el director.
Según los empresarios, de aprobarse el proyecto se retrotraerían los márgenes de distribución a más de una década, llevándolos a 42.51 colones, pero con los gastos de operación actuales y con la salvedad de que, hace 10 años, eran menos estaciones, por lo que los volúmenes de venta eran mayores y los costos operativos mucho menores.
Congelar el inminente aumento
Masís explicó, además, que la idea del Gobierno de congelar el histórico ajuste que Recope solicitó a mediados de este mes, de hasta ₡121 en el precio del Diésel, sí es una medida oportuna, pero mal planteada, pues no debería hacerse por la vía legal porque ese trámite jamás podría llegar antes del aumento, así que lo correcto sería frenarlo en el periodo de audiencias actual.
“Eso hay que hacerlo ya. Además, esa propuesta no es oportuna porque este incremento está generado por un pico en el precio internacional que estaba cuando llegó la solicitud de ajuste, no son las transacciones con las que Recope compra. Impedir el aumento mediante esa ley es probable que no se logre, es el Gobierno el que tiene que apersonarse ante Aresep y detenerlo”, dijo.
Masís añadió que esta tarde, a las 4:30 p. m., todo el sector tendrá una reunión para definir qué medidas tomarán en caso de que el Ejecutivo decida seguir adelante con estas dos propuestas; pero reiteró que, de momento, todas las posibilidades están sobre la mesa.