POR Jason Ureña | 31 de octubre de 2024, 13:10 PM

Imputados en el caso Barrenador propusieron que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les pagara una póliza de responsabilidad civil.

La propuesta la hizo el directivo Johhny Gómez, actualmente suspendido mientras se realizan las pesquisas por la presunta corrupción en la adjudicación de Ebáis y áreas de salud, el pasado 14 de marzo. 

Él sugirió, para él y sus compañeros, una póliza que los cubriera por negligencia o errores en la toma de decisiones. De esa manera se evidencia en la sesión 9418, donde el directivo habló del tema (ver nota adjunta de Telenoticias).

“Yo ando detrás de que la Caja, tanto la Junta Directiva como las gerencias, deben tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por errores en las tomas de decisiones o por negligencia, como son los contratos típicos de responsabilidad civil.

“Me gustaría que la Gerencia Administrativa revisara con el área de Seguro la posibilidad de establecer una póliza en ese sentido, que nos cubra a todos, porque lo que tenemos ahorita es la póliza de fidelidad.

“Ustedes (los directivos) van a tomar decisiones todos los días de responsabilidad y estamos al descubierto en relación con la responsabilidad civil correspondiente por si cometemos errores”, indicó Gómez en ese momento.

La intención fue comunicada seis meses antes de que el directivo y siete personas más, incluyendo a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, fueran detenidas por la investigación de presunta influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en la decisión de adjudicar áreas de salud a cooperativas.

En esa misma sesión de la Junta, el exdirectivo representante del Gobierno en el Seguro Social, Jorge Porras, también imputado en el caso Barrenador, respaldó la propuesta.

Telenoticias consultó a la institución si la propuesta del directivo se implementó y si existe un acuerdo de junta directiva sobre eso; pero al cierre de edición, no hubo respuesta.

Ahora, el Gobierno pretende que el Estado pague 248 millones de colones, con fondos públicos, por una póliza de responsabilidad civil para el presidente Rodrigo Chaves, sus vicepresidentes, ministros, viceministros y hasta jerarcas ya retirados o trasladados. Sin embargo, la contratación se mantiene detenida, mientras esperan un criterio de la Procuraduría General de la República sobre la legalidad.

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