Contraloría analiza denuncia contra póliza que Ejecutivo quiere para Chaves y sus jerarcas

La Contraloría General de la República analiza una denuncia contra el seguro de responsabilidad civil que el Ministerio de Hacienda quiere contratar para el presidente Rodrigo Chaves y sus jerarcas.

Ante consulta de este medio, el ente contralor reconoció que recibió una queja sobre ese proceso de contratación, la cual se encuentra ahora mismo en proceso de admisibilidad.

El análisis se suma al estudio que también realiza la Procuraduría General sobre esa póliza, esto a solicitud de Hacienda y derivado de los cuestionamientos de la prensa sobre la contratación que hoy figura en SICOP para pagarle al Instituto Nacional de Seguros (INS), anualmente, ₡248,4 millones, con el fin de proteger a Chaves, sus vicepresidentes, ministros, viceministros e incluso presidencias ejecutivas.

“¿Por qué le digo que vamos a hacer la consulta a la Procuraduría? Porque me parece que la Contraloría no está entendiendo los riesgos que se están asegurando. Hay una gran diferencia entre una póliza de fidelidad, como la que se pide a los funcionarios que van a resarcir al Estado, y otra en donde una póliza que lo que hace proteger la reputación de la institución y adicionalmente le da la posibilidad al funcionario de tener la tranquilidad de que la toma de decisiones no le va a generar un problema.

“Hay que aclarar que le estamos diciendo al funcionario que ejecute, que asuma la responsabilidad. Pero si su responsabilidad implica una demanda temeraria o la sacada de clavo de un administrado que no se sintió acuerpado, lo vamos a defender, porque aquí lo que se busca es que las decisiones sean correctas, adecuadas y en tiempo", explicó este lunes el ministro Nogui Acosta en una conferencia de prensa.

La Contraloría explicó, en términos generales, que el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.º. 8131 impone para todo encargado de “recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos” el deber de rendir una garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la Administración a la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

“Sobre el particular, la CGR ha señalado que la rendición de garantías o cauciones corresponde a una obligación pecuniaria que funge legalmente como medida de resguardo para que la Administración cuente con un respaldo económico que le permita cubrir eventuales afectaciones a la Hacienda Pública, en virtud del ejercicio funcional de sus servidores y garantizar el resarcimiento de eventuales daños y perjuicios sobre el patrimonio institucional, cuando se acredite alguna responsabilidad por parte los funcionarios encargados de dichas tareas”, dijo la entidad.

Hacienda anunció ayer que frenará el proceso de contratación a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría sobre las nuevas dudas y cuestionamientos que esta póliza ha despertado.